En un nuevo comentario (La Nación, Página Quince, 2/12/10), el señor Víctor Ramírez Z. ya no insiste en que la anulación de la elección presidencial de 1948 suponía lanzar al país a una guerra civil, ya no minimiza las negociaciones entre calderonistas y ulatistas para buscarle una salida pacífica a la crisis política posterior a esa elección, y ya no afirma que mi análisis del proceso que condujo a la guerra civil sobredimensione el papel de José Figueres. Más importante aún, Ramírez reconoce ahora que existía una profunda división en la oposición entre el sector encabezado por Ulate, que creía en la negociación, y el grupo liderado por Figueres, convencido de que la única opción era la lucha armada.
Pese a que mi respuesta (La Nación, Página Quince, 19/11/2010) modificó significativamente el enfoque original de Ramírez (La Nación, Página Quince, 14/11/2010), este insiste ahora en varios puntos que ameritan una explicación adicional.
Negociaciones.
1. Los procesos de negociación para buscarle una salida pacífica a la crisis política, como el mismo Ramírez lo demuestra, se iniciaron luego de conocerse los resultados de la elección presidencial del 8 de febrero 1948 y culminaron el 31 de marzo, cuando Calderón Guardia y Ulate acordaron que Julio César Ovares asumiera la presidencia por dos años. Puesto que los figueristas se levantaron en armas el 12 de marzo, es evidente que se adelantaron a dicho acuerdo.
2. Sostiene Ramírez que cuando ese acuerdo se alcanzó, “tanto Ulate como Calderón [Guardia] sentían que los acontecimientos se les habían ido totalmente de las manos”; pero la misma información que él aporta muestra que ambos líderes políticos consideraban que ese acuerdo era suficiente para poner fin al levantamiento armado de los figueristas. Estos, por supuesto, tenían un punto de vista muy diferente.
3. Insiste Ramírez en descalificar, por inconstitucionales, ilegales e irrespetuosas de la voluntad popular, las negociaciones entre calderonistas y ulatistas. Sin embargo, en ningún momento considera, en los mismos términos, el levantamiento armado de los figueristas, el cual culminó en un régimen de facto. Este régimen, que obligó a Ulate a esperar 18 meses por la presidencia, dejó sin efecto la Constitución vigente (la de 1871), desconoció los resultados de las elecciones de diputados y munícipes de 1948, creó tribunales especiales y reprimió sistemáticamente a calderonistas y comunistas, en algunos casos mediante asesinatos selectivos como los del Codo del Diablo.
4. Plantea Ramírez que el 26 de abril de 1948 “Figueres ofreció a Ulate la presidencia de la Junta de Gobierno. Ulate la rechazó”. Sin embargo, en La guerra de Figueres, Guillermo Villegas Hoffmeister indica que el 26 de abril lo que ocurrió fue que un grupo de personas propuso que Ulate, en condición de Presidente de la República, encabezara el Gobierno a partir del 8 de mayo, con Figueres como jefe de gabinete. Solo Ulate aceptó esa propuesta, por lo cual se iniciaron las negociaciones que culminaron en el Pacto Ulate-Figueres. Este acuerdo supuso, según lo señala John Patrick Bell en Guerra civil en Costa Rica, la “primera transacción política dentro del nuevo orden”. A esta “transacción”, Ramírez no la descalifica, pese a que Ulate (como lo apunta Juan Diego López en Los cuarenta días de 1948) denunció luego que le fue impuesta por la fuerza de las armas.
Lucha armada.
5. Expresa Ramírez que Figueres invitó a Ulate a sumarse a la lucha armada, pero este no aceptó. Ahora bien, en vez de considerar las razones que habría tenido Ulate para rechazar esa invitación, Ramírez se limita a exponer lo que manifestó Figueres a raíz de ese rechazo. ¡Así es cómo, en la perspectiva de Ramírez, se debe escribir una historia no mutilada ni distorsionada de la crisis política de 1948!
6. Según Ramírez, “Figueres no planificó ni organizó su lucha armada a espaldas de los grupos opositores”. Esto es limitadamente cierto, en el sentido de que los figueristas siempre insistieron en una salida armada al conflicto político (única opción que tenían para alcanzar el poder, dado su escaso apoyo electoral). Sin embargo, Figueres no informó al resto de esos grupos de cómo avanzaban sus preparativos para alzarse en armas, y menos aún de que, desde diciembre de 1947, había firmado el Pacto del Caribe.
7. De acuerdo con Ramírez, mi argumentación de que el grupo figuerista hizo todo lo posible por polarizar la lucha política para buscar una salida armada al conflicto es “falsa, injusta y temeraria”. No obstante, en El espíritu del 48, el propio Figueres manifiesta una entusiasta identificación con los actos terroristas cometidos contra el gobierno de Teodoro Picado. Indica Ramírez que “muchas páginas se podrían escribir para refutar esta burda especulación”, pero él no escribe un solo renglón en contra de mi planteamiento: se limita únicamente a descalificarlo.
8. Un proceder similar manifiesta Ramírez en relación con los resultados de mis investigaciones (Demoperfectocracia. La democracia pre-reformada en Costa Rica) que obligan a reconsiderar el hecho de que Ulate ganara la elección presidencial de 1948. Sin siquiera haber analizado esos resultados, ya Ramírez los definió como una “peregrina hipótesis”.
9. Impugna Ramírez mi planteamiento de que los figueristas utilizaron como justificación la anulación de la elección presidencial de 1948 para levantarse en armas. Sin embargo, el propio Figueres, en El espíritu del 48, reconoce que, desde antes de las elecciones, “la guerra ya tenía su bandera y objetivo. Ahora yo debía conseguir, lo que era indispensable para esa guerra: armas”. Evidentemente, la decisión de romper el orden constitucional ya estaba tomada, solo se necesitaba una justificación para proceder, y la anulación referida la aportó.
Verdadera democracia.
10. Las elecciones de febrero de 1948 se llevaron a cabo el día 8, no el 7, como indica varias veces Ramírez en su artículo.
11. Afirma Ramírez que “Costa Rica pasó a ser una verdadera democracia electoral, a partir del 48”. De esta manera, obvia los fundamentales procesos de desarrollo democrático que la sociedad costarricense experimentó desde finales del siglo XIX, y obvia también que el retorno a una estabilidad política democrática fue un proceso lento y escabroso, que se prolongó por más una década y que solo empezó a consolidarse a partir del gobierno de Mario Echandi (1958-1962).
12. Ciertamente, durante el período autoritario de la Junta de Gobierno (1948-1949) se realizaron importantes cambios institucionales que ampliaron y fortalecieron la democracia costarricense (en particular, la aprobación del voto femenino, la creación del Tribunal Supremo de Elecciones y la abolición del Ejército); pero los procesos históricos que fueron la base de tales transformaciones existían desde antes de 1948.
Al final de su artículo, Ramírez señala que aspira a un “debate serio sobre estos hechos”; pero ni en este artículo ni en el anterior, se preocupa por identificar las fuentes en que se basa. ¿Cómo puede debatir seriamente sin corregir tal omisión? Además, su manejo parcial, selectivo y sesgado de la evidencia histórica demuestra que, hasta ahora, su único interés ha sido reproducir, sin el menor sentido crítico y con un precario conocimiento de los hechos históricos, la versión figuerista tradicional.
A tono con esta versión, y quizá para satisfacción de los figueristas actuales, Ramírez recurre a una retórica descalificatoria sistemática contra los resultados de mis investigaciones, al tiempo que insiste en presentarme como alguien guiado por simpatías de partido. Intenta así ubicarme en la insostenible posición en la que él ha escogido colocarse.