Defensoría califica cárceles costarricenses como “depósitos de personas”

Representantes del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura solicitarán a autoridades de la ONU que visiten el país para que conozcan la situación de los centros penales

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San José (Redacción). Un informe de la Defensoría de los Habitantes, calificó las cárceles del sistema penitenciario de Costa Rica, como “depósitos de personas que atentan la dignidad humana”.

Mediante un comunicado, esa institución aseguró qué elevarán este lunes la situación de las prisiones a conocimiento del Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas y a la Relatoría sobre los derechos de las personas privadas de libertad de la Organización de Estados Americanos por “incumplimientos en condiciones mínimas”.

Actualmente las cárceles del país albergan unas 3.400 personas privadas de libertad por encima de la capacidad instalada.

Según indicó el documento, estas condiciones de hacinamiento aumentan el riesgo de violencia, el deterioro de los servicios por el incremento de la población recluida.

La defensora de los habitantes Ofelia Taitelbaum, aseguró que , “Costa Rica ha desvirtuado la función de la cárcel y la ha convertido en un depósito de personas, por eso, si se quiere un cambio, se debe modificar la esencia del sistema penal costarricense”.

Además criticó la disminución en la capacidad del personal técnico para atender toda la demanda de la población privada de libertad , e indicaron que la mayoría de los servicios que se prestan en el sistema penitenciario dependen de la disponibilidad de personal de seguridad.

Esta situación podría generar problemas convivenciales, según las autoridades.

Tras el informe la Defensoría dio a conocer que solicitarían al Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU que realice una visita al país para que conozcan la situación de los centros penales.

El informe también señala algunas causas de la sobrepoblación como la inclusión de nuevas penas privativas, aumento en el monto de las penas y la entrada en vigencia de los Tribunales de Flagrancia en el 2008, entre otras cosas.