En las últimas semanas, se ha verificado en las páginas del periódico La Nación una interesante polémica entre Luis Alberto Monge Álvarez y Óscar Arias Sánchez . Si bien ambos expresidentes se han referido a distintos temas, el eje del debate ha sido la política exterior de Costa Rica en la década de 1980.
Los argumentos externados por los polemistas son de particular importancia para la ciudadanía costarricense porque centran su atención en un decenio que, en varios sentidos, fue fundamental para sentar las bases de la Costa Rica de los últimos treinta años.
Cuando Monge llegó a la presidencia en 1982, la economía costarricense experimentaba una profunda crisis, la cual únicamente logró superar gracias al respaldo financiero de Estados Unidos, cuyo Gobierno era encabezado entonces por Ronald Reagan. Mediante donaciones directas y otras medidas, los funcionarios estadounidenses promovieron la reforma de la economía de Costa Rica con base en políticas que luego serían conocidas popularmente como “neoliberales”.
A cambio de ese respaldo, Estados Unidos presionó insistentemente al Gobierno de Monge para que prestara el territorio de Costa Rica para la creación de un frente sur contra la Nicaragua sandinista.
Ciertamente, las autoridades costarricenses no cedieron ante tal pretensión; pero, como lo han demostrado diversas investigaciones, en el país se creó todo una infraestructura clandestina, financiada por los estadounidenses, para apoyar a quienes luchaban contra el sandinismo.
En su afán por derrocar al gobierno nicaraguense y por detener las ofensivas revolucionarias en El Salvador y Guatemala, los funcionarios de Estados Unidos incurrieron no sólo en prácticas terroristas, sino que colaboraron con los carteles de la droga, como lo demostró después el escándalo Irangate (1985-1986).
Al asumir el poder en 1986, el Gobierno de Arias, que disponía de márgenes de maniobra más amplios que el de Monge a nivel internacional, modificó de forma radical la política exterior, al enfrentar directamente la estrategia militar de Estados Unidos y proponer una salida negociada a la crisis centroamericana.
En contraste con 1982, en 1986, la economía costarricense había comenzado a recuperarse; además, en parte como resultado de la Proclama de Neutralidad impulsada por el gobierno de Monge en 1983 para resistir la presión estadounidense, se había conformado en Costa Rica una importante base social que favorecía una solución pacífica al conflicto regional. Finalmente, el escándalo Irangate había debilitado la posición de la administración Reagan.
De esta manera, el Gobierno de Arias, a la vez que profundizaba las políticas económicas patrocinadas por Estados Unidos, impulsó un plan de paz para poner fin a la guerra, el cual finalmente fue firmado por los presidentes centroamericanos en agosto 1987.
Para asegurar el éxito de tal iniciativa, el gobierno de Arias, desde un inicio, tomó medidas para restaurar la credibilidad internacional de Costa Rica, seriamente cuestionada por la infraestructura ilegal de apoyo a la contra que operaba en suelo costarricense.
Al proceder contra ese legado del período de Monge, Arias creó las condiciones para una profunda ruptura con su predecesor, manifiesta en la actual polémica que enfrenta a los expresidentes.
Independientemente del curso que tome de ahora en adelante, ojalá que este debate contribuya a una apropiada revalorización de la década de 1980, que fue tan decisiva en la historia costarricense como la de 1850.
En ambos casos, la misma existencia de Costa Rica fue puesta a prueba: en el decenio de 1850, por la presencia de fuerzas filibusteras en Nicaragua; y en el de 1980, por la política emprendida por la principal potencia mundial para resolver la crisis centroamericana militarmente.