En Nicaragua existe la tendencia a resolver los asuntos de abusos sexuales dentro de cada familia, sin la implicación de las autoridades. Es decir, lavar los trapos en casa y no ventilarlos.
Esta fue la advertencia que hizo el 11 de setiembre del 2006 el disidente sandinista Alejandro Martínez Cuenca al embajador estadounidense Paul Trivelli, cuando discutían sobre la estrategia para el caso de Zoilamérica Narváez, en pleno furor de la campaña electoral de entonces.
“La cultura local tiende a favorecer la resolución de estos tipos de crímenes dentro de la familia, en vez de ventilarlos con las autoridades”, expresó Martínez Cuenca a Trivelli, según reportó el embajador a Washington en el cable enviado el 21 de setiembre.
Un caso de abuso sexual, como el que se atribuyó al candidato Daniel Ortega en contra de su hijastra, era incapaz de golpear el nervio de la mayoría de los nicaraguenses, según atribuye el cable a Martínez.
Para peores, había ya en Nicaragua una percepción de que el caso de Narváez estaba siendo politizado, de acuerdo con las palabras del informante. Era notorio que la Embajada estadounidense se esforzaba en subrayar el caso para afectar a Daniel Ortega en los comicios que se celebrarían en noviembre, los cuales él ganó.
Martínez Cuenca, por ejemplo, reconoció que tuvo un impacto relativo en Nicaragua la censura que se hizo a la difusión de una entrevista hecha por la cadena Univisión en Estados Unidos. Esta entrevista se realizó gracias a las gestiones estadounidenses.
El disidente sandinista también mencionó ante Trivelli la posibilidad de mencionar dentro de esta campaña a Rosario Murillo, esposa de Ortega y madre de Zoilamérica, cuya denuncia menospreció al apoyar a su marido.
Él dijo que ella es “extremadamente supersticiosa” y podría ser provocada a que dijera o hiciera algo si se le involucra en el tema.
EE. UU. en todo momento acuerpó a Narváez, al punto de nominarla para el premio anual que otorgaba la Secretaria del Departamento de Estado, Condolezza Rice, a “mujeres valientes”.
“Su acción sin precedentes de denunciar públicamente al líder sandinista en 1998, con gran riesgo personal, y sus continuados esfuerzos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) demuestra su tremendo valor personal. (...) Su lucha ya no es contra Daniel Ortega, sino contra el precedente que su caso ha establecido”, dijo el cable 97539 en febrero del 2007.