Don Julio Rodríguez, en su columna del 16 de marzo , dice “temer adentrarse' en arenas movedizas, pero vale la pena pues es un asunto de supremo interés nacional”, y analiza noticias recientes en las que “hay claridad y coherencia, pero en su conjunto surge la confusión, cuyos nublados disipa la Contraloría”. Se refiere a Japdeva, sus desactualizadas tarifas e inversiones por indolencia, y sus enfermizas relaciones con Sintrajap, y a “las multinacionales” que cuestionan la concesión del nuevo muelle.
Dice que “ya es hora de señalar culpables' de este desmadre”, que ni una pulpería se administra en forma tan alegre y cómo las críticas de la Contraloría hoy, son extendibles a “los Gobiernos que han jugado políticamente con Japdeva'”. Es de interés público profundizar la crítica de don Julio.
Otros desastres. Al caso de Japdeva, añadamos otros recientes desmadres de la Caja que incluyen las salas de cirugía del San Juan de Dios –sin que las tardías explicaciones de su Gerente Médica, La Nación, 17/3 y la Presidenta Ejecutiva, 18/3, aclaren el fondo del problema– las indignantes listas de espera y contrataciones de servicios privados de alto costo por la indolencia en comprar los equipos para los que hay presupuesto previsto, además de la sempiterna falta de especialistas y otros graves problemas ventilados públicamente. Añádanse casos de notorias acciones erradas o amañadas en el IDA, CNP, ICE, Fodesaf, Comisión de Emergencias, MOPT, Mivah, INVU, Banca de Desarrollo. Paremos aquí.
¿Quiénes son culpables de tanta desventura y por qué? ¿Cómo precisar situaciones y conceptos para saber que hablamos un lenguaje común cuando se plantean interrogantes como estas? Cuando un ministro dice que no “manda” en X institución autónoma pues solo es “coordinador” de sector y que le pregunten al presidente ejecutivo por qué no cumplió con las metas del PND, un entrevistador bien informado podría ripostar: “No es cierto, señor ministro, pues usted por Constitución (art. 140.8) y por Ley General de la Administración Pública (arts. 27.1, 98, 99 y 100) es responsable de dirigir ese y otros entes. Muéstrenos las directrices que ha enviado a las juntas directivas ordenándoles la actividad, no los actos, mediante las metas y tipos de medios necesarios que deben asegurar la vía correcta para cumplir con el 100% de esas metas y, sobre todo, con sus Leyes Orgánicas según exige la CP, art. 140.3”.
Tal ministro tendría que producir las pruebas, o renunciar noblemente –como en Europa, aunque los pragmáticos dirán con razón: ¿aquí?, ¡ja!– pues no cumplir como “ministro rector” de sector, significa dejar que cada ente haga lo que le venga en gana en todo el campo de su actuar.
El asunto, legal y conceptualmente, es muy simple. La dificultad en aplicarlo es por pura conveniencia política o intelectual o, con absoluta franqueza, por ignorancia. Sépase que lo que un ministro no pueda hacer como jerarca de su cartera vía decreto, lo puede lograr a) vía directrices según la Ley 6227 de 1978 pues son el instrumento para poner orden en las autónomas y en programas de otros ministerios que configuran un “sector de actividad”. Si a ello se integran la Ley de Planificación 5525 para que las instituciones funcionen como un reloj, la Ley No. 8131 que responsabiliza a los jerarcas por tomar decisiones y directrices que no garantizan la buena marcha institucional y los logros legalmente ordenados (no los improvisados que plantean los partidos políticos o los usuales planes de desarrollo), el vigente artículo 332 del Código Penal, se entiende por fin que Constitución y leyes debidamente sistematizadas definen con total claridad el norte del país, y que no es “políticamente opcional” cumplir o no con ellas, el país andaría mucho mejor.
¿Complejo? Quienes por lo menos tienen formación universitaria, cargan la obligación de estudiarlo y enseñarlo a los demás. Ignorarlo o menospreciarlo ha sido sin duda pernicioso para el país.
Todas las desventuras de Costa Rica, incluidas las crecientes corrupción e ineficacia global del Estado desencadenadas en gran medida por el clientelismo partidista inaugurado en 1974, nacen de ese “incumplimiento integral” de las normas superiores que desde 1949 ordenan un desempeño transparente y eficaz de toda la institucionalidad bajo el mando político del presidente y de cada ministro.
El sistema de “cosas” que nos ha hecho inoperantes, gaveteros, indisciplinados, desenfadados, cortoplacistas, improvisadores y deshonestos, nace en gran parte de los malos ejemplos y el avasallante proselitismo partidista en las cúpulas gubernativas que ha desencadenado los pésimos valores que impactan hasta los servicios en ventanilla al habitante (tramitomanía, desidia y deshumanización incluidas).
Control político real. Mientras los partidos políticos no reconozcan esto sobre todo para un real control político legislativo y los medios de comunicación para ampliar sus muchas veces, muy buenos editoriales y reportajes, la desidia o conveniencia política seguirá caracterizando a quienes llegan al Gobierno y se saltan o ignoran, con total impunidad, ese ordenamiento normativo de Primer Mundo.
Peor aún es verificar que todos en conjunto se desentienden de la parte “resolutiva” de los mismos informes de la Contraloría que desde hace unos muy pocos años, empezaron a reconocer y aplicar estas reglas del juego limpio en sus fiscalizaciones, las cuales por fin sientan en el banquillo de los responsablesa los ministros como “rectores” de sector, y a Mideplan por su exasperante inopia al no activar el Sistema Nacional de Planificación configurado en la Ley 5525 de 1974 cuyos visionarios objetivos y mecanismos permitirían bajar el modelo constitucional de país, a tierra.
La autoridad superior y movilizadora hay que ejercerla como se debe, no como cada quien crea que puede “buenamente” hacerlo. Esto, insisto, no puede ser políticamenteopcional pues ha hecho mucho daño al país. ¿Ya se tiene más claro quiénes, con nombres y apellidos, históricamente han sido y son culpables, y de qué?