En setiembre pasado, el total de créditos con atrasos o en cobro judicial de todo el Sistema Financiero Nacional sumaron en conjunto ¢1 billón , es decir, un millón de millones de colones.
Esta cifra es equivalente a un 9% del total de préstamos vigentes al 30 de setiembre, e incluye las operaciones de bancos, financieras, cajas de ahorro, mutuales y cooperativas de ahorro y crédito.
Además, el monto cubre todos los préstamos con atrasos desde un día, hasta aquellos cuyo cobro imposible se está resolviendo en un juzgado.
Avance paralelo. Si bien la crisis financiera puso un freno al crecimiento en la colocación de crédito, esta nunca se detuvo y tampoco el aumento en la mora.
Mientras el crecimiento real de la colocación de crédito para el periodo 2008-2012 es de un 20%, el incremento real de la cartera con atrasos es del 34% y el cobro judicial aumentó en un 89%, durante el mismo lapso.
Para Javier Cascante, superintendente de Entidades Financieras, una buena parte del crecimiento puede ser atribuida precisamente a la crisis internacional, que si bien no detuvo la colocación de préstamos, sí mermó la capacidad de pago de muchas personas.
Esta coyuntura se evidencia al comparar el crecimiento de ambas carteras. Aunque los préstamos atrasados y en cobro judicial crecen, los segundos parecieran haberse estancado.
También destaca, que los grupos en atraso no siempre están compuestos por las mismas personas o empresas.
“Es claro que si se observa un corte más, el nivel de mora puede ser similar, inferior o levemente superior, pero los clientes no son necesariamente los mismos”, comentó Marco Flores, director de Crédito del Banco Nacional.
¿Riesgo para el sistema? El nivel de los créditos con morosidad no preocupa a los participantes del mercado, pues indican que, en su mayoría, cumplen con holgura los límites que impone la supervisión financiera. Además, las entidades supervisadas señalan que los riesgos están bajo control.
Hairo Rodríguez, subgerente del banco Cathay, señaló que la cartera “al día” y con atrasos hasta 30 días –la cual se considera sana–, alcanza un 95% en la banca estatal y 97,5% en la banca privada.
“Esto implica que la cartera con algún nivel de riesgo es sensiblemente baja y se encuentra bajo control”, indicó el funcionario.
De igual manera opinó Silvio Lacayo, gerente de Desyfin, quien opinó que en el nivel actual no se percibe un riesgo alto, o un riesgo diferente al normal de un negocio financiero.
La regulación obliga a las entidades financieras a guardar provisiones por cada crédito en mora, y de acuerdo con el tiempo que ha transcurrido sin ser amortizado.
Hacer estas provisiones significa para las entidades que deben castigar las utilidades del período, con el fin de mantener la integridad patrimonial y preservar la estabilidad del sistema financiero.
Para evitar llegar a la mora las entidades tienen líneas de defensa como arreglos de pago o daciones de pago. En caso que haya que enviarlos a cobro judicial, las garantías actúan como mitigadores.