En medio de severos cuestionamientos de la Contraloría General de la República a actuaciones del exministro de Seguridad Pública, Juan Diego Castro, un informe de esa dependencia sobre la compra de armas a Israel desató ayer diferentes reacciones.
Mientras que el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) pidió a la Contraloría y al Ministerio Público investigar al presidente José María Figueres por haber sido él quien inició los contactos para esa transacción, el Ministerio de la Presidencia lamentó que, por yerros administrativos y de procedimiento, se hayan cometido errores en las actuaciones de varios funcionarios.
Ese ministerio criticó las notas periodísticas sobre el caso y destacó que el informe también menciona importantes alcances que demuestran una acertada actuación del gobierno.
En su informe, la Contraloría pidió al Ministerio Público investigar a los exministros Juan Diego Castro y Bernardo Arce (quien sustituyó al primero en Seguridad Pública), y al viceministro de Seguridad, Oscar Albán Chipsen, por su presunta responsabilidad en las graves anomalías detectadas en esa negociación.
También se le atribuye responsabilidad al exproveedor de la Dirección General de Aviación Civil, Jorge Arguedas Medina.
Del secreto al escándalo.
Editorial en pág. 13-A
Una aparente dualidad de precios que habría ocasionado una pérdida al país de $553.505 (¢132,8 millones), contratos ilegales, falta de un expediente completo sobre dicha negociación y ausencia de controles en el ingreso de pertrechos son los principales hechos mencionados en el informe.
A las 5:30 p.m. de ayer, un periodista de La Nación visitó las instalaciones de la Escuela Libre de Derecho, donde Juan Diego Castro imparte lecciones, para consultarlo sobre las responsabilidades que le atribuye la Contraloría.
Mandó a decir con personal de ese centro de enseñanza que no estaba dispuesto a recibir a la prensa.
En horas de la mañana, Castro dio declaraciones al noticiario de televisión NC4 en las que dijo estar dispuesto a defenderse de los cargos porque su actuación fue apegada a la ética.
Figueres lo revisará
Por su parte, el presidente José María Figueres, consultado mientras asistía a la inauguración de un foro en el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), en San Isidro de Coronado, dijo que se referirá al informe luego de que lo revise.
Añadió que en todo momento primó la sana intención de equipar mejor a la Fuerza Pública. "Tenemos que enfrentar y seguimos enfrentando un reto importante en lo que es seguridad ciudadana".
A las 3:40 p.m., otro periodista de este diario visitó las instalaciones del Grupo San Cristóbal, del cual Bernardo Arce es su presidente.
El guarda Luis Flores afirmó que el exministro no se hallaba en ese momento. Se le dejó un mensaje con el vigilante, pero no hubo respuesta.
En torno a este asunto, la ministra de Seguridad Pública, Laura Chinchilla, insistió en que ella ni el viceministro Chipsen se referirán al caso, por ahora, debido a que preparan una conferencia de prensa en la que darán a conocer su posición.
Severo cuestionamiento
Las pesquisas de la Contraloría incluyeron un canje de municiones declaradas obsoletas, valoradas por el gobierno en ¢143,1 millones por armas y equipo policial nuevo suministrado por la Industria Militar de Israel (TAAS).
Además, un excedente de armas valorado en $397.242 -¢95,3 millones- que ingresó al país el 26 de julio de 1996, aparentemente amparado a una orden de compra suscrita por Juan Diego Castro.
El hecho de haber aceptado la oferta más cara que le presentó la compañía vendedora y no haber exigido garantías de cumplimiento figuran como las más importantes responsabilidades atribuidas a Castro. Esa actuación habría originado una pérdida de ¢132 millones al país.
También se le cuestiona por haber girado, supuestamente, instrucciones al viceministro Chipsen para la entrega de la munición, lo que significó un pago adelantado del contrato sin el refrendo de la Contraloría.
Mientras tanto, al exministro Arce se le atribuye presunta responsabilidad por no haber ejercido los controles necesarios al ingreso de un excedente de armas que arribó al país el 26 de julio de 1996, cuyo costo fue de $397.242.
Aunque admitió la presencia de fallas en la negociación, el Ministerio de la Presidencia destacó ayer que la investigación de la Contraloría permitió confirmar que la negociación se realizó entre los gobiernos de Costa Rica e Israel y no entre nuestro país y comerciantes particulares.
"Actue con etica"
Este es un extracto de las declaraciones dadas ayer por el exministro de Justicia y Seguridad Pública, Juan Diego Castro, al noticiario de televisión NC4. Aseguró que su actuación estuvo apegada a la ética y que impugnará la resolución de la Contraloría General de la República
"Por supuesto que yo voy a impugnar ese pronunciamiento ante el señor Contralor. Yo tengo que ver en qué pruebas se basa, yo tengo que ver cuáles son los hechos que se me imputan.
"Estoy absolutamente seguro de que yo he actuado de manera ética y con respeto al ordenamiento jurídico. Y como dice nuestro pueblo, en este asunto que cada palo aguante su vela.
"Si hay algún error que se me atribuya a mí, estoy a la orden de los tribunales de justicia, y si me quieren inculpar o condenar por un hecho que no he cometido, por supuesto que me voy a defender".