Preocupada porque la nueva universidad pública maneje inadecuadamente sus finanzas , la contralora general de la República, Rocío Aguilar, objetó ante la Sala Constitucional el estatuto de la Universidad Técnica Nacional (UTN).
Aguilar presentó una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 32 de esa normativa, el cual le otorga personería jurídica instrumental a cada una de las cinco sedes de la casa de enseñanza.
En sus alegatos, la contralora argumentó que dicha personería, solo se puede otorgar por ley y no por un estatuto. Esta permite desconcentración máxima.
“La norma impugnada no solo provoca que la UTN no actúe apegada al ordenamiento jurídico, sino que, además, tiene como efecto inmediato obstaculizar e interferir indebidamente para que su actividad, como una sola entidad de enseñanza superior, sea fiscalizada por parte de esta Contraloría General en cuanto al uso eficiente y eficaz de los fondos pertenecientes a la Hacienda Pública”, arguyó.
Las sedes de la UTN están en Alajuela, Atenas, San Carlos, Puntarenas y Cañas, Guanacaste.
Marcelo Prieto, rector de la Universidad, calificó de “excesiva” la reacción de la Contraloría.
“No vemos los peligros que ellos señalan en la acción de inconstitucionalidad. No hay riesgo para la rendición de cuentas, se darán informes, no hay quiebra del principio de unidad presupuestaria, ni creación de entidades que no tengamos competencia para crear”, manifestó Prieto.
Según el rector, el artículo 32 del estatuto solo pretende otorgar un grado de “flexibilidad administrativa” que les permite a cada una de las cinco sedes realizar compras directas, sin tener que pasar por la proveeduría institucional.
“Hay una distribución de funciones para una gestión más eficiente, para que no haya que comprar hasta el papel higiénico en la sede central. No queremos repetir el sistema centralizado de algunas universidades públicas”, añadió.
Asimismo, dijo Prieto, se crean proveedurías auxiliares y se ofrece libertad de nombramiento de personal, aunque bajo un solo régimen de reclutamiento.
Por ahora, sin embargo, esa posibilidad quedará en el suspenso mientras la Sala se pronuncia sobre la constitucionalidad de la norma cuestionada.