El compromiso con la Constitución es un compromiso con los valores patrios y universales, por eso es peligroso e inconveniente para la democracia atacar a los jueces políticamente con ocasión de sus sentencias. Esto ha venido pasando no solo en el caso de algunas decisiones de la Sala Constitucional, sino también de jueces en materia penal cuando sus decisiones no satisfacen a sectores de la opinión pública o a un sector político determinado.
No me refiero al ejercicio natural y provechoso de la discusión académica o de la libertad de expresión de la ciudadanía, que opina la mayoría de las veces según lo que leyó u oyó que decía una sentencia. Tampoco me refiero al análisis académico que se da en todas las democracias consolidadas del mundo. Es una consecuencia natural de la dinámica democrática, que todos los ciudadanos se vean involucrados en discusiones, aun si sus opiniones no son precedidas, por lo general, de un estudio riguroso o siquiera una lectura sobre lo que se opina. Eso en nada debe afectar a una judicatura independiente que no está para satisfacer los deseos populistas, aunque parezcan mayoritarios, sino para hacer cumplir la Constitución y la ley.
Retenes policiales. Sin embargo, la polémica surgida como consecuencia de una sentencia reciente de la Sala Constitucional (caso de los retenes policiales) en cuanto toca las fibras más sensibles de la sociedad costarricense, por tratarse de la seguridad ciudadana, nos debe llamar a profunda reflexión. Es normal que los tribunales constitucionales, como custodios de los principios y valores constitucionales, especialmente la defensa de las libertades frente al poder público, estén en una posición de polémica permanente, especialmente cuando se trata del equilibrio entre autoridad y libertad, minorías y mayorías, derechos sociales y económicos, ambiente y desarrollo, derechos individuales y derechos colectivos, para mencionar algunos.
Pero en esa rica y permanente dinámica de discusión hay límites que cuando se rebasan, se convierten en excusas burdas para ampliar esferas de poder y eso siempre resulta en demérito de las libertades ciudadanas. Los tribunales constitucionales y poderes judiciales limitados o mutilados de nada le sirven a la ciudadanía, pero mucho le convienen al Poder que, por su naturaleza, siempre busca ampliar –hasta donde lo dejen– su esfera de acción.
Los poderes judiciales y tribunales constitucionales que han sufrido estos embates políticos en América Latina, para mencionar un ejemplo, terminan en un descabezamiento de jueces y en poderes judiciales intervenidos, todo en el nombre “del bien común”, muchas veces con la complacencia de un sector de la clase política y de algunos medios.
En Perú, un caso famoso terminó en un proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó al Estado por la destitución indebida de tres magistrados del Tribunal Constitucional. En otros países, el Gobierno de turno optó por hacer una “renovación anticipada” de Tribunal Constitucional y la Corte, que al final resultó en un cambio de unos por otros.
No creo que ninguno de los que ocupan la magistratura o judicatura transitoriamente piense que sus fallos son verdad absoluta. Son humanos y hacen lo mejor que pueden de buena fe. Interpretar la Constitución es difícil y delicado porque el juez constitucional tiene que integrar la Constitución formal y la material, es decir, no puede limitarse al mero sentido literal del lenguaje –que además contiene en sí mismo varias lecturas–, sino que le corresponde desentrañar los principios y valores de la Constitución, para unirlos en forma permanente unos con otros y darles vida, mutabilidad y flexibilidad, siempre dentro del respeto al marco constitucional.
Responsabilidad de ciudadanos. Pero, cuidado con pensar que la defensa de la libertad y la aplicación de la Constitución son monopolio y responsabilidad sólo de los jueces y de los tribunales constitucionales. La grandeza de la libertad y de la Constitución que la resguarda no descansa en los jueces que la hacen cumplir, sino en los ciudadanos, en que cada uno la exija y la viva como suya, con la convicción de que los principios, valores y normas en ella contenidos son la columna vertebral de la ciudadanía. La defensa de la libertad y la Constitución debe residir primero en el corazón de las personas, incluida la clase política. Sin eso no habría jurisdicción constitucional capaz de hacerla valer.
Da gusto ver un presidente como el norteamericano, que fiel a su formación jurídica, defiende la Constitución y las libertades, incluso con sacrificio de sus ratings políticos. Defender públicamente el derecho de abrir una mezquita en el corazón de Nueva York –que aún sufre profundamente la tragedia del 11 de setiembre–, ordenar una demanda contra el estado de Arizona por aprobar leyes discriminatorias contra los inmigrantes –pese a que un enorme sector de la clase política y la sociedad favorece estas políticas extremas–, así como ordenar, como primer acto de gobierno, el cierre programado de la cárcel de Guantánamo, por sus conocidas prácticas violatorias de derechos humanos, son todas acciones polémicas, impopulares –especialmente la última–, dictadas pese a las críticas sobre la afectación de la lucha contra el terrorismo. Fiel a su juramento constitucional, Obama es un verdadero líder.
En contraste, Hugo Chávez, en su programa Aló Presidente del 24 de agosto del 2003, ante una sentencia que no compartió, manifestó: “El pueblo venezolano no le va a hacer caso a esa decisión. Yo no le digo lo que me provoca a la Corte esta, a los tres magistrados que no deben ser magistrados'”. Dos meses después, fueron destituidos alegándose “error judicial inexcusable”, todo lo cual culminó, al igual que en el caso de Perú, en un proceso ante la Corte Interamericana, que resultó en la condenatoria del Estado venezolano.
Decía don Pepe Figueres que “las instituciones democráticas como la justicia, son como el sol, todo el mundo las disfruta, pero nadie las aprecia”. Claro, hasta el día que ya no están o terminan siendo meramente decorativas. La historia demuestra que los poderes judiciales débiles solo favorecen la corrupción, terminan en una afectación del ejercicio de derechos y garantías ciudadanas esenciales, favorecen a unos cuantos con poder, de tal forma que lo que está en juego cuando el poder arremete contra el sistema judicial trasciende a los magistrados o jueces de turno.
Existen otros mecanismos democráticos para exigir cuentas a los jueces: analizar sus sentencias o mejorar el sistema de nombramiento. Pero las sentencias nunca deben ser excusa para sacar ventaja política o para que el sistema como tal se vea afectado. Las naciones, como las personas, se conocen en las crisis. Necesitamos un debate constructivo y edificante frente a todos los problemas que aquejan al país. Afectar equilibrios democráticos y debilitar garantías ciudadanas no es nunca un camino positivo, ni les hace justicia a nuestros valores fundacionales.