La controversial compra de armas a Israel se ejecutó en medio de fuertes presiones de jerarcas del Ministerio de Seguridad Pública, de la Casa Presidencial y de la compañía vendedora, reveló el más reciente informe de la Contraloría General de la República.
Dicho documento fue enviado al Ministerio Público el 20 de octubre para que determine si procede abrir causa penal a los exministros Juan Diego Castro y Bernardo Arce; el exviceministro Oscar Albán Chipsen y el exproveedor de Aviación Civil, Jorge Arguedas Medina, considerados como los posibles responsables de diferentes anomalías.
La Nación trató durante esta semana de obtener la versión de Castro sobre estas aparentes presiones y otros hechos que le atribuye la Contraloría en relación con la compra de armas, pero el exministro se rehusó a responder.
A las 2:25 p.m. del jueves se le dejó un cuestionario en la secretaría de la Escuela Libre de Derecho, donde imparte lecciones, el cual hasta ayer no tenía respuesta.
Más allá de las presiones, el informe denunció que los funcionarios que ejecutaron esa transacción no respetaron los procedimientos administrativos previos, exigidos por la ley.
El estudio concluyó que el Ministro de Seguridad en ese entonces, Juan Diego Castro Fernández, firmó el 1º de febrero de 1996 una orden de compra a favor de la Industria Militar de Israel (TAAS) por $4.633.826 -alrededor de ¢1.076 millones- sin consultar a la Contraloría.
La rúbrica surgió luego de que Castro y el gerente regional de TAAS para Latinoamérica, Haim Heri, se reunieron aquí en diferentes ocasiones.
Según el plan suscrito, los fondos saldrían de la Dirección General de Aviación Civil, entidad que solo tres meses después de vio sacudida por un escándalo debido a presuntos actos de corrupción de sus principales jerarcas que son ventilados en los tribunales de justicia.
El plan inicial
De acuerdo con el plan, el 15 por ciento, alrededor de $695.000 -unos ¢143 millones-, se pagaría por adelantado y el resto a seis años plazo mediante el otorgamiento de una carta de crédito.
Paralelamente, se acuerda entre TAAS y el Ministerio de Seguridad Pública un canje de municiones (declaradas de desecho) por equipo y asistencia técnica por un monto de $720.700, unos ¢143,14 millones al tipo de cambio vigente en ese momento.
Aunque la carta de crédito nunca se firmó, según la Contraloría, Castro gestionó ante el director de Aviación Civil, Nelson Rodríguez, para que se pagara ese 15 por ciento por adelantado y para que se procediera con la apertura de ese documento.
Uno de los hechos más graves, en criterio del órgano fiscalizador, es que Castro suscribió la orden de compra, pese a que Aviación Civil no contaba con lo fondos aprobados por esa dependencia auxiliar de la Asamblea Legislativa.
Pese a eso, a partir de la firma de la orden de compra, Aviación Civil afrontó presiones del Ministerio de Seguridad Pública, la Casa Presidencial y la empresa vendedora para que se hicieran los pagos.
Una declaración del exproveedor de Aviación Civil, Jorge Arguedas Medina, incluida en el informe de la Contraloría, reveló que las presiones se dieron para que se pagara el 15 por ciento.
La compra incluía, entre otros productos, 250 subametralladoras Uzi, 72 subametralladoras Mini Uzi, 800 pistolas Jerichó, 1.500 granadas de triple acción, 2.000 granadas de otro gas y 888 granadas P-M203.
La negociación se originó en una conversación que, en octubre de 1995, tuvo el presidente José María Figueres con el entonces primer ministro de Israel, Isaac Rabin, en el marco de la reunión de jefes de Estado realizada en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con motivo del cincuentenario de ese organismo.
Camino de presiones
El 8 de agosto de 1996, Castro solicitó a Nelson Rodríguez, director general de Aviación Civil en ese momento, girar el 15 por ciento a TAAS. Rodríguez afronta desde octubre del año pasado un proceso judicial por 12 peculados.
Dos días después, Castro en otro oficio, le remitió copia de la orden de compra con el ruego de proceder de inmediato. En la nota señala que urge girar la suma de $695.074,00.
El 21 de marzo de 1996, el Ministro -mediante otra nota- insiste en ese pago.
Debido a las presiones, Aviación Civil solicitó autorización para disponer de los ¢1.073 millones para la compra de armas, pero el 30 de abril de 1996 la Contraloría responde en forma negativa.
Unicamente autorizó el gasto de ¢143 millones aduciendo que Aviación Civil no tenía los fondos para hacerle frente al gasto propuesto por Seguridad Pública.
El cheque a TAAS fue girado por Rodríguez y el exjefe del Departamento Financiero de Aviación Civil, José Olmazo Serrano, sin someter el asunto a la consideración del Consejo Técnico de Aviación Civil y sin exigir garantías de cumplimiento, lo que condujo a la Contraloría a enviar el caso al Ministerio Público.
Ese mismo día, el Poder Ejecutivo mediante el decreto 25363-SP estableció el secreto de estado en todos los registros y transacciones de armas, que estuvo vigente por casi tres meses.
Entre julio y octubre de 1996, Israel envió 825 pistolas Jerichó, 2.000.000 de municiones 9 milimetros, 1.500 granadas de triple acción, 2.000 granadas de gas y 888 granadas PM 37 mm.
Pese a que la Contraloría no autorizó ejecutar la compra por ¢1.076 millones, el estudio señaló que no hay evidencia de que se anulara el contrato inicial.
Según dicha entidad, Castro adujo no recordar si lo mandó a anular, pero manifestó que hizo del conocimiento de Hiam Geri, gerente regional de TAAS, al menos verbalmente, los problemas para financiar la compra.
Razones del excedente
La millonaria orden de compra firmada por Castro, propició -según la Contraloría- que TAAS enviara un excedente de equipo consistente en 250 subametralladoras Uzi, 72 subametralladoras Mini Uzi y 1.176.000 cartuchos de 9 milímetros.
El estudio concluye que la orden de compra perdió vigencia debido al incumplimiento de las condiciones de pago, pero que TAAS lo asumió como un documento marco que servía de guía para eventuales transaciones.
Ese equipo de más ingresó vía aérea a la aduana del aeropuerto Juan Santamaría, el 16 de julio de 1996, consignado al jefe de Seguridad del presidente Figueres, el veterano piloto Armando D'Ambrosio.
La Contraloría aduce que tiene dudas sobre las razones por las que esas armas se consignaron a nombre de D'Ambrosio.
Mañana: El canje. ¿Cómo se tejió el doble avalúo?
Paguen las armas
El 13 de mayo de 1997, el exproveedor de Aviación Civil, Jorge Arguedas Medina, admitió ante funcionarios de la Contraloría General de la República que hubo presiones para que se pagaran las armas contratadas en forma aparentemente ilegal con la Industria Militar de Israel (TAAS).
Este es un extracto de su declaración, la cual está incluida en el informe del órgano fiscalizador:
"Yo fui llamado por Nelson Rodríguez Gonzalo y me puso en conocimiento de la negociación de las armas, y me entregó un documento del Ministerio de Seguridad Pública, el cual no preciso en este momento, suscrito por el entonces ministro de Seguridad Pública, Lic. Juan Diego Castro Fernández.
"Los trámites administrativos de la compra de armas, que se efectuaron en la Proveeduría de Aviación Civil, se dejaron en manos de Josefina Montero, funcionaria de esa Proveeduría. Se coordinó lo necesario con el Departamento Financiero y la Asesoría Legal de Aviación Civil para tramitar la documentación necesaria y el pago correspondiente.
"El señor Haim Geri (gerente regional de TAAS) llamaba mucho a la oficina del Ing. Nelson Rodríguez presionando para que Aviación Civil procediera a hacer el pago. El Ing. Nelson Rodríguez me solicitó que agilizara los trámites ya que había mucha presión de Casa Presidencial y del Ministerio de Seguridad Pública, supongo que del entonces ministro Lic. Juan Diego Castro Fernández.
"La Proveeduría de Aviación Civil no tuvo opción de negociar, ya que la negociación se había dado por parte del Ministerio de Seguridad Pública. Se puede decir que aproximadamente a partir de febrero de 1996 es cuando empieza Seguridad Pública a presionar para que se financiara la compra de armas."