“Un crédito llega a cobro judicial, cuando se han agotado las vías administrativas del cobro a un cliente: llamadas, visitas y posibles arreglos que no fructifican. Es el escenario menos deseado para cualquier banco”.
Con estas palabras justifica Marco Flores, director de Crédito del Banco Nacional, las condiciones que provocan que un atraso en un crédito llegue a hacer fila en los juzgados.
Esta explicación es compartida por otros jerarcas de entidades financieras. “La normativa inclusive permite una readecuación de la operación del deudor una única vez en un período no mayor a 24 meses. Si ya ninguna de las anteriores da resultado, no hay más que enviar a cobro judicial el crédito para recuperar lo prestado”, indicó Silvio Lacayo, gerente de la financiera Desyfin.
Sin pago. El origen de la morosidad es atribuida por los entes financieros a una combinación de factores, que van desde una decisión individual, hasta la situación de la economía del país.
Entres las múltiples causas se señalan: la poca voluntad de pago del deudor (que puede tener la capacidad pero no el deseo de pagar), una crisis económica, o bien, problemas que derivan de un fallecimiento, un divorcio o un largo periodo de desempleo.
Sobre la responsabilidad de los bancos, Javier Cascante, jerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), comentó que en algunos casos puede deberse a una mala gestión de crédito, pero que no es generalizado para todo el sector.
Con esto coincidió Lacayo. “No existe poca rigurosidad en el otorgamiento del crédito. Bancos, cooperativas y financieras, nos regimos por la misma normativa, que contempla una serie de análisis de riesgos, entre ellos, aumentos en la tasa de interés, riesgo cambiario y riesgo operativo”, manifestó.