San José (Redacción). El director de la clínica Marcial Rodríguez, Mario Ávila, solicitará a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) una segunda opinión sobre 40 docentes a los cuales dicho centro médico incapacitó y llevan más de un año en esa condición.
Esto luego de que un estudio que elaboró la Comisión Central Evaluadora de Incapacidades de la Caja determinara que la entidad pagó ¢9.459 millones en subsidios por incapacidad a los 400 funcionarios del Ministerio de Educación Pública (MEP), que más se incapacitaron en los últimos seis años.
La clínica Marcial Rodríguez, en Alajuela, figura como el centro que otorgó más licencias: 50 de las 400.
Ávila dijo que están haciendo una investigación a lo interno de la clínica y que son 40 docentes los que tienen una incapacidad larga y no 50 como indica la CCSS.
Ávila solicitará, dentro de los próximos 15 días, a la CCSS una junta médica de la institución que estudie, nuevamente, los casos y que permita tener un criterio más amplio de la condición clínica de cada docente para hacer recomendaciones.
“Sería la única opción, de momento, no tenemos otra. La junta determinará si esos docentes necesitan una pensión por invalidez; si ya no necesitan estar más incapacitados; o si ya no están en condiciones de laborar”, dijo Ávila.
El director añadió que ellos no le pueden decir a un médico que incapacite o no a un paciente. Tampoco pueden obligar a un paciente a que solicite una pensión por invalidez; eso es un trámite personal.
Juan Antonio Gómez, director de Recursos Humanos del MEP, dijo que, en el caso de los educadores incapacitados, ellos no pueden darle seguimiento a su situación porque no cuentan con los recursos para un servicio médico que pueda tratarlos.
“Quien los incapacita es la Caja y quien debe darles seguimiento son ellos mismos. Para eso los docentes cotizan con la CCSS”, mencionó Gómez.
El funcionario añadió que desconocen cuáles son los criterios que se aplican para dar las incapacidades. Sin embargo, a los interno van a investigar tres casos de docentes que tiene más de 15 años de incapacitados.
“Si las incapacidades son dudosas pediremos a la CCSS que investigue la procedencia”, expresó.