En un artículo muy interesante, publicado recientemente en La Nación (17/01/11), el señor Óscar Arias Sánchez evoca sus tempranas experiencias escolares y enfatiza que la calidad de los educadores es fundamental para garantizar la calidad de la enseñanza. Tras considerar a esta última como fundamento para que cualquier país pueda “dar el salto al desarrollo”, Arias Sánchez resalta que Costa Rica no está exenta de asumir el reto de “mejorar significativamente la calidad de sus educadores”.
Ahora bien, ¿cómo se puede lograr esa mejora? Arias Sánchez no tiene una respuesta directa para tal pregunta, aunque –basado en un libro de Andrés Oppenheimer– señala que para mejorar la educación no basta cambiar los planes de estudio, ni aumentar los salarios de los educadores, ni reducir el número de estudiantes que estos tienen a su cargo.
Pese a esta limitación, el artículo de Arias Sánchez tiene la ventaja de plantear un problema fundamental, al cual, hasta ahora, no se le ha dado la importancia debida. Un poco de historia podría ayudar a entender la magnitud y complejidad del reto que en la actualidad enfrenta la sociedad costarricense.
Desigualdades. Lo primero que se debe tener claro es que, hasta muy recientemente, la calidad de la educación costarricense se basó en la desigualdad. Aún a inicios de la década de 1950, la mayoría de niños y niñas estudiaba en escuelas que no ofrecían la primaria completa. Así, esa “educación de primera calidad” de la que disfrutó Arias Sánchez existía, pero estaba concentrada en las principales ciudades del país y al alcance –sobre todo, aunque no exclusivamente– de los sectores medios y acomodados urbanos.
En el período 1950-1970, la primaria de seis grados tendió a universalizarse, al tiempo que se ampliaba el acceso a la educación secundaria. No obstante, todavía en 1970, solo un tercio de los jóvenes en edad de asistir al colegio, lo hacía, un indicador claro del carácter socialmente restrictivo que tenía el ingreso a ese nivel de enseñanza.
Tal restricción únicamente empezó a ser superada en las administraciones de Figueres Ferrer (1970-1974) y de Oduber Quirós (1974-1978), cuando la cobertura en secundaria casi se duplicó. Este logro extraordinario tuvo por base nuevas políticas sociales (Asignaciones Familiares, entre otras) y una inversión educativa creciente, que se ubicó alrededor del 5% del producto interno bruto (PIB).
Composición social. En la primera mitad del siglo XX, un factor clave en la calidad de la educación costarricense fue que, en primaria, una proporción significativa del personal docente (mayoritariamente femenino) procedía de sectores medios urbanos y rurales. Se trataba, por tanto, de jóvenes que, aparte de haber recibido los beneficios de esa excelente educación a la que se refería Arias Sánchez, provenían de hogares que ofrecían a sus hijas e hijos un capital cultural adicional, mediante el acceso a mayores y más diversas experiencias culturales.
Un fenómeno similar se presentaba en secundaria, aunque en este nivel, el personal docente masculino prevalecía. Este predominio era estimulado porque los salarios de los profesores eran significativamente superiores a los de los maestros. Esta diferenciación se mantenía todavía a mediados de la década de 1970. Precisamente en ese decenio, a medida que se expandía la educación superior con la fundación del Instituto Tecnológico, la Universidad Nacional y la Universidad Estatal a Distancia, y todas estas instituciones ampliaban su matrícula, ocurrió un cambio fundamental en la composición social de los educadores.
En razón del sistema de ingreso a carrera basado en notas de admisión, las universidades públicas establecieron un modelo en el cual los jóvenes de ambos sexos que habían recibido una mejor educación secundaria y procedían de hogares que les habían proporcionado un mayor capital cultural estaban mejor preparados para asegurarse un cupo en las carreras más rentables. En tales circunstancias, las carreras del área de educación tendieron a captar, cada vez más, estudiantes residuales, con menores notas de admisión y un capital cultural más limitado.
Así, en contraste con el caso de Finlandia, donde según Arias Sánchez se procura seleccionar para las carreras de educación a los estudiantes de secundaria con mejores promedios, en Costa Rica ocurrió exactamente lo contrario. Y esto sucedió en un momento decisivo de la historia de la educación costarricense: cuando apenas se consolidaba la universalización de la primaria y empezaba a expandirse el acceso a la secundaria.
Crisis y nuevos retos. El desencuentro entre expansión educativa y calidad de los educadores fue complicado, aún más, por la crisis de 1980, a raíz de la cual el Estado costarricense aplicó una serie de medidas que afectaron decisivamente la calidad de la enseñanza. Ante todo, redujo el calendario escolar, disminuyó la inversión educativa como proporción del PIB (entre 1985 y 1989, cayó a entre 3 y 4 por ciento) y redujo en términos reales los salarios de los docentes de primaria y secundaria: en 1990, esos salarios todavía no recuperaban los niveles alcanzados en 1978.
Así, las carreras en el área de educación, que habían empezado a perder atractivo desde inicios de la década de 1970, se volvieron todavía menos atractivas después de 1980. A lo anterior se agregó un factor adicional: los educadores formados en el período anterior a 1970, que se habían beneficiado de una mejor preparación a nivel secundario y procedían de hogares que les habían proporcionado un mayor capital cultural, empezaron a jubilarse y fueron sustituidos por nuevas generaciones que ya no tenían esas características.
Pasada la crisis económica, un nuevo cambio fundamental ocurrió en la formación de docentes. Desde la reforma educativa de 1886 hasta finales de la década de 1980, el Estado costarricense tuvo una influencia directa en la formación de los maestros y profesores, ya fuera mediante instancias adscritas al Poder Ejecutivo, o por medio de las universidades públicas.
En los últimos años, eso ha cambiado decisivamente, ya que la mayoría de los educadores costarricenses actuales se preparan en universidades privadas; y de los que se gradúan en las universidades estatales, la mayor parte lo hace a distancia.
¿Cómo, en este marco institucional, puede Costa Rica elevar la calidad de sus educadores? Ciertamente, no hay respuestas fáciles para esta pregunta, y sería ingenuo contestarla sin considerar la magnitud y profundidad de los intereses involucrados; pero hay demasiado en juego para dejarla sin responder.