La Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) madrugó para oponerse a varios puntos del proyecto de ley que el Gobierno prepara para transferir responsabilidades y dinero suyos a las municipalidades.
Sin que el Ejecutivo haya hecho público todavía el contenido del proyecto, la organización sindical alertó sobre la posibilidad de despidos de funcionarios del Gobierno Central y de aumentar los márgenes para el clientelismo local, como consecuencias de un plan centrado en trasladar la responsabilidad sobre la red vial cantonal.
Es posible que la presidenta Laura Chinchilla se reúna este jueves con alcaldes de todo el país para exponer un proyecto, pero la ANEP emitió sus objeciones con base en un borrador obtenido el fin de semana, según el secretario general, Albino Vargas.
Consultado sobre el tema, el ministro de Descentralización, Juan Marín, declinó confirmar el contenido del proyecto que presentarán este jueves, pues aseguró que “hay siete proyectos sobre la mesa y no necesariamente se presentará primero” lo que menciona la ANEP.
Todos los jerarcas del Ejecutivo vinculados a este proyecto han rechazado adelantar detalles el contenido de un proyecto armado en medio de la polémica por la necesidad de cumplir con un mandato constitucional en momentos de apuros fiscales del Gobierno.
“No queremos abrir frentes de conflicto. Debemos salir con una ley muy sencilla. Es una ley que gustará a todos. Quisiera decirle cuál es, pero no puedo hacerlo sin distorsionar la comunicación interna del Gobierno”, dijo Marín.
Sí garantizó que “ninguna de las propuestas pretende afectar derechos de los trabajadores ni está orientada a ello”.
La ANEP, por si acaso, emitió un comunicado en el que pidió a trabajadores del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) alistarse para “defender su empleo y su estabilidad laboral”. El llamado lo envió a los funcionarios de la “Dirección de Gestión Municipal” de ese ministerio.
Este proyecto debe presentarse como parte del mandato constitucional que obliga al Gobierno a proponer un grupo de leyes y decretos. Ante esto, los dirigentes municipales han desplegado una fuerte presión al Ejecutivo, lo que ha provocado también divergencias internas en el gabinete.
Además de objetar el origen de los recursos que se transferirá a los ayuntamientos, la ANEP señaló el riesgo de que haya “clientelismo electoral” en esta ley pues, asegura, el documento establece que a partir del 2014 serán las municipalidades las encargadas de otorgar el 30% de los bonos de vivienda.