San José (Redacción). El jefe de la campaña liberacionista y aspirante a diputado, Antonio Álvarez Desanti, figura dentro de una investigación periodística por compra de tierras protegidas en la provincia de Chiriquí, Panamá.
Una publicación del diario La Prensa , del vecino país, revela que Álvarez Desanti y su esposa, Nuria Marín, y otro costarricense de apellido Arroyo son los principales integrantes de la sociedad anónima Desarrollo Ecoturístico Cañaveral.
Esta firma adquirió en 2010 al menos 2.000 hectáreas de “costas, riberas de ríos, manglares y tierras”, en cuyo territorio se incluye parte del quinto humedal más importante de Panamá, ubicado en la zona indígena de Ngäbe Buglé, declarada área protegida nacional desde 2004.
En la publicación, suscrita por la periodista Ereida Prieto, se afirma que la venta de la zona se produjo luego de que algunas personas reclamaran propiedades por “prescripción adquisitiva de dominio” ante juzgados. Esto es un derecho que se adquiere por la ocupación pacífica e ininterrumpida por más de 10 años.
Supuestamente, una vez que los juzgados los declararon dueños, esas personas vendieron la tierra a un promedio de $0,03 centavos el metro cuadrado a sociedades anónimas. A su vez, las sociedades fueron vendidas a otros.
Entre esos nuevos propietarios se encuentra Álvarez y su esposa, quienes, de acuerdo con la publicación, pagaron millones de dólares por las tierras.
Consultado esta mañana, Antonio Álvarez confirmó que la sociedad que preside compró 685 hectáreas de esos terrenos, no obstante, por una cláusula de confidencialidad no puede revelar el monto.
“Le compramos a la empresa que ya era la dueña de los terrenos, pero era una empresa nueva, precisamente para estar seguros de que no tuviera pasivos (deudas) y de hecho cuatro años después no hemos recibido ningún reclamo”, añadió.
Uno de los aspectos que resalta la información de La Prensa es que Álvarez Desanti y la dueña previa de la sociedad Desarrollo Ecoturístico Cañaveral, una mujer de apellido Martínez, comenzaron a negociar la compraventa desde antes de que los juzgados otorgaran la tierra a quienes reclamaron la “prescripción adquisitiva de dominio”.
La versión del jefe de campaña verdiblanco es que las conversaciones de compra comenzaron de previo porque supuestamente ella tenía autorizaciones de los dueños originarios. Sin embargo, aseguró que nunca conoció personalmente a la mujer.
Álvarez explicó que todo el proceso se realizó mediante los abogados Arroyo y un estadounidense de apellido Harris.
Según el político, el 13 de abril obtuvo la autorización de las autoridades de la comarca para iniciar con el proyecto inmobiliario. Aseguró que ya cumplieron con los estudios ambientales.
A juicio del también aspirante a diputado, la mención de su nombre en la publicación panameña no debe relacionarse con la campaña política aquí.
“Con la campaña no veo ninguna relación. Lo que dice es la verdad, que somos los actuales propietarios y afirma que adquirimos tierras que habían sido dadas por un juez de la República de Panamá”, manifestó.
Precisamente, según la información periodística, el Ministerio Público abrió una causa contra tres funcionarios, entre ellos una jueza, por la posible comisión de delitos contra la Administración Pública y la fe pública.