La filósofa Laurencia Sáenz, en su columna “Al vuelo” ( La Nación , 23 de marzo) formula aseveraciones a la ligera y desde la altura, contemplando solo una de las partes del diferendo entre la Caja Costarricense de Seguro Social y la Universidad de Costa Rica, originado en la atención del primer nivel de las comunidades de San Pedro, Curridabat y La Unión.
Como es costumbre en muchos comentaristas, de paso se le endilga responsabilidad a la señora presidenta de la República por el simple hecho de formular un comentario de lo que constituye la aspira- ción de todos, en el sentido de que los usuarios no deben verse perjudicados por una situación entre instituciones hermanas, casi gemelas, por el advenimiento simultáneo a la vida jurídica del país.
La comentarista la emprende porque tanto doña Laura como la doctora Ileana Balmaceda acudieron a la inauguración de la sede de un Ebáis en una comunidad herediana, algo que tenían programado de previo y no dice nada de la ausencia del señor rector de la UCR, Henning Jensen, quien no pudo revisar el documento final para un posible acuerdo porque, en cumplimiento de su funciones, y con justificada razón, estaba inaugurando un albergue estudiantil en Liberia.
Disponer de fondos públicos demanda cuidado extremo y esto no puede verse como un pecado. Por el contrario, es deber de todo funcionario el velar por el adecuado uso de los recursos que le son confiados. La estructura de costos de la UCR es diferente a otros proveedores, algo que en la CCSS no cuestionamos, pero no podemos erogar sumas distintas por productos similares, de ahí la necesidad de revisar cada cinco que se pague.
Al vuelo es difícil darse cuenta de que hay diferencias marcadas entre lo que se compra a uno y otro proveedor, y esto tiene que ver, en el caso de los servicios de salud, por ejemplo, con la presencia o no de especialidades médicas a disposición de los usuarios.
Desplegar las alas en un trazo raudo atenta contra la objetividad, fundamentalmente porque a veces es conveniente posarse y desde ahí mirar con detalle el panorama, especialmente si lo que se procura es formar opinión pública desde un medio que goza de credibilidad y prestigio.
Por el bien de los vecinos esperamos que de una vez por todas se suscriba el capítulo final de la experiencia de la Universidad de Costa Rica como proveedor de servicios de salud, algo de lo que sus actuales autoridades, por razones atendibles, quieren retirarse; pero este es un proceso que no puede hacerse de la noche a la mañana sin dejar maltrechas a casi 180.000 personas.
Fundamentalmente por ellos el ciclo debe cerrarse bien, en el tiempo debido, porque adquirir servicios de salud no es como ir de compras al supermercado.