Un adicto a las drogas come junto a un anciano con esquizofrenia. En el baño, un antisocial se lava los dientes junto a otro con trastorno bipolar.
La escena no es aceptable en ningún hospital, ni clínica; pero sí ocurre en el Centro para Atención de Personas con Enfermedad Mental en Conflicto con la Ley de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Su director, Cristian Elizondo Salazar, denunció que 21 (35%) de los 59 internos del albergue incumplen los requisitos para permanecer allí bajo terapia médica.
La Nación visitó el albergue el lunes pasado y solicitó a Elizondo una revisión de los casos que están bajo su cuidado.
Luego del análisis, informó de que el 35% de la población no sufre trastorno mental alguno que justifique su permanencia allí.
“Tenemos adictos a drogas que cometieron un robo; pero esto no es un centro de desintoxicación; también, tenemos a un paciente con retardo mental leve que cometió un delito; pero ese tipo de retardo no impide distinguir entre el bien y el mal”, dijo.
Además, cuidan de un hombre con un trastorno antisocial que, dijo el psiquiatra, lo sufre un 75% de quienes cometen un delito y no es un mal psiquiátrico.
En términos generales, estos reclusos están ahí porque cometieron un delito, pero un juez determinó (basándose en pruebas y dictámenes médicos) que, al momento del hecho ilícito sufrían de una enfermedad mental permanente e irreversible.
Sin embargo, Elizondo alertó que hay internos sin el perfil para el cual fue creado el centro, hace tres meses: atender a personas que, por sufrir de un trastorno psiquiátrico, no podían discernir entre lo bueno y lo malo, al momento del delito.
“Hay pacientes que aquí cumplen con los requisitos que son tres: personas a quienes se les pudo adjudicar la responsabilidad sobre un hecho punible (delito); personas a quienes se les pudo acreditar, científicamente, que sufren una enfermedad mental y, tercero, que tienen una incapacidad para discernir entre lo que es legal y lo que es ilegal”, comentó el funcionario.
“A ellos debemos darles tratamiento, rehabilitación e informes a los jueces de su mejoría, pero hay personas que los jueces penales mandan, arbitrariamente, sin que cumplan con los requisitos”, dijo.
Alianza. Y es que los jueces reciben la prueba de la defensa y de la Fiscalía para valorar, finalmente, si el denunciado sufre de un trastorno mental y, por ello, requiere tratamiento, en lugar de ir a la cárcel porque no medía las consecuencias de su acción, a raíz de su mal.
Elizondo aseguró que los problemas detectados en el envío de personas sin males psiquiátricos, ocurren principalmente con las medidas cautelares (prisión preventiva) porque, en esa etapa del proceso, el acusado aún no cuenta con el dictamen que emite el psiquiatra de Medicatura Forense.
“Conozco las quejas del Director, es muy difícil el tema, a mi criterio el juez debe tener pruebas, un peritaje profesional y (o) de Medicatura Forense para dar su fallo”, aseguró Leda Corrales, jueza coordinadora del Juzgado de Ejecución de la Pena de San José.
Elizondo y Corrales señalaron que desde hace dos años hay un acercamiento, entre ese juzgado y el personal psiquiátrico.
Sin embargo, ese juzgado solo tiene a cargo los casos con un fallo en firme; por lo cual siguen los problemas denunciados por Elizondo sobre las medidas cautelares.
“En este sentido, el fiscal tiene un papel muy importante, para dar prueba al juez, además, el personal del centro debe ser insistente en sus informes a los jueces sobre que esas personas no deben estar en ese centro médico”, aconsejó la jueza.
Otro problema que denunció el jefe del personal de seguridad, Francisco Granados Soto, es que solo hay ocho policías penitenciarios para dar seguridad al lugar.
“Hemos pedido más gente, pero no la tenemos, si salen dos reos al hospital Psiquiátrico, nos quedamos pocos acá, ocupamos más gente para la seguridad”, comentó.