A finales de los ochenta y principio de los noventa, los Gobiernos se quejaban de que el pago por concepto de pensiones era muy elevado, y que de seguir así difícilmente se podía continuar pagándolas. Este concepto y de forma injusta contemplaba al régimen del Magisterio Nacional como un régimen con cargo a la Hacienda Pública, a pesar de que los trabajadores del Magisterio Nacional habían cotizado en forma religiosa y suficiente, desde el año 1958.
Con el propósito de desahogar la presión sobre las finanzas públicas, se decide cerrar el régimen vigente y crear uno nuevo que se diseñara técnicamente y que fuera sostenible, sin que se cargara a las arcas del Estado, situación que no sucedió con los otros regímenes, a cargo del Estado, los cuales fueron derogados.
Fue así que, por medio del artículo 39 de la Ley Marco de Pensiones, se crea el Régimen de Capitalización Colectiva (RCC), para el grupo de trabajadores del Magisterio que ingresaría a laborar por primera vez a partir del 15 de julio de 1992, además se instruye para que sea la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Junta) la que administre con total autonomía y en forma total este nuevo régimen; cabe señalar que principalmente se le asigna esta tarea a la Junta, derivado de la gestión tan eficiente que vienen realizando la Caja de Ande, la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional, así como otras instancias financieras pertenecientes al Magisterio.
A pesar de que con la Ley 7531, de junio de 1995, se pretendía desaparecer el Sistema de Pensiones del Magisterio Nacional, hoy en día está demostrado qué equivocado estaba el Gobierno de turno, cuyo propósito era que todos los trabajadores de la educación quedaran cubiertos por el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, el cual administra la Caja Costarricense de Seguro Social; seguro que recientemente ha sido cuestionado tanto por su administración como por su sostenibilidad.
Al cumplirse veinte años de la creación del RCC y valorar la gestión administrativa que ha llevado a cabo la Junta, se puede decir que el legislador no se equivocó, pues los resultados en todos los procesos que desarrolla la Junta han sido calificados como excelentes por parte de la Superintendencia de Pensiones (Supén), que es el ente fiscalizador y regulador del RCC.
La Junta tiene claro que todavía queda muchas cosas por hacer con el fin de ampliar y mejorar los servicios.
En la actualidad, la Junta administra un fondo de reservas que supera los ¢700.000 millones, con una población activa de 73.000 trabajadores y una población pensionada de 500 personas.
Para el Magisterio Nacional es de vital importancia que el RCC esté en manos de la Junta, de este modo se está garantizando que los recursos acumulados en las reservas no se van a tomar para otros menesteres que no sea para el pago de pensiones, aun así hay un riesgo que no se debe dejar de desconocerse y es que más del noventa y cinco por ciento de los recursos financieros están invertidos o concentrados en títulos públicos.
Por otro lado, el pago del impuesto sobre los rendimientos devengados, complica la competitividad de inversión y reduce en forma importante los ingresos reales por inversión o capitalización, esto se ve reflejado en el nivel de la prima, ya que al devolver al Gobierno esos recursos vía impuestos, la cotización del Estado como patrono y como empleador, sólo en el 2011, fue de un 5,84% en lugar del 7% que legalmente está consignado.
Para el año 2012 se estima que el monto a pagar por dicho impuesto será más de seis mil millones de colones; por tal razón la Junta Directiva ha presentado un proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa, con el propósito de que tal impuesto sea eliminado, máxime que ningún régimen del Primer Pilar lo paga y, más grave aún, siendo las operadoras entes comerciales del Segundo Pilar no pagan este impuesto.
Es importante destacar la labor que han realizado las diferentes juntas directivas, las cuales, desde el año 2001, se han preocupado de la sanidad y trasparente administración del RCC; también las políticas que sobre este sentido ha emitido la Junta Directiva han sido ejecutadas por la administración en forma eficiente y eficaz.
Por último, el que el RCC sea administrado en forma total y autónoma por parte de la Junta, representa la mayor fortaleza; máxime que los miembros de Junta Directiva son representantes de diferentes gremios pertenecientes al Magisterio Nacional, por eso los trabajadores deben conocer y estar atentos a cómo se está administrando el RCC, pues de ello depende que a futuro se paguen los montos de pensiones ajustados y de acuerdo a lo que está consignado en el reglamento.
Lo anterior debe considerarse como un llamado de atención a toda la membrecía, pues la única forma de garantizar el pago a los futuros pensionados es defender hoy la permanencia y sostenibilidad del RCC.