Un grupo de 14 magistrados de la Corte Suprema de Justicia tienen aprobada la jubilación pero se resisten a retirarse del cargo por diferentes motivos.
De acuerdo con la Dirección Ejecutiva del Consejo Superior del Poder Judicial, en esta condición están tres magistrados de la Sala Primera, cuatro de la Sala Segunda, tres de la Sala Tercera y cuatro de la Sala IV.
Todos estos juristas representan el 63% de los 22 magistrados que integran la Corte Plena.
Ninguno de estos 14 jueces elegidos por la Asamblea Legislativa tiene entre sus planes dejar el cargo. Casi todos ven su retiro como una posibilidad lejana.
Unos alegan que tienen proyectos judiciales pendientes o que gozan de muy buena salud para continuar, y otros afirman que siguen trabajando por agradecimiento al Poder Judicial.
Algunos de ellos alcanzaron el derecho a jubilarse a la edad de 50 años.
Según las resoluciones del Consejo Superior del Poder Judicial, en donde consta la aprobación para el retiro de cada uno de los 14 magistrados, la mayoría obtendría pensiones con montos superiores a los ¢5 millones si hoy decidieran irse.
Sin embargo, conforme pasa el tiempo, el monto de su jubilación se incrementa debido a que el Poder Judicial jubila a los funcionarios con el promedio de sus doce mejores salarios.
Un informe de la Superintendencia de Pensiones (SUPEN), publicado por este diario el martes 17 de enero, reveló que la eliminación del tope a las pensiones al personal judicial (que era equivalente al salario de un diputado) y varios privilegios respecto al resto del sector público, como el poder pensionarse con 55 años de edad o menos, podrían hacer insostenible el Fondo de Jubilaciones del Poder Judicial en menos de 30 años.
A noviembre pasado, el Fondo de Jubilaciones del Poder Judicial superaba los ¢312.000 millones.
Situaciones extremas. Entre los magistrados que tienen su jubilación autorizada hay juristas con más de 30 años en el Poder Judicial que desean seguir en el puesto.
Un caso es el del magistrado de la Sala Tercera, Jesús Ramírez, quien lleva 27 años en esa función (a ellos se les elige por ocho años, prorrogables por los diputados).
“Yo quiero seguir en el puesto porque la experiencia que tengo es necesaria para el Poder Judicial y todavía tengo proyectos pendientes, sobretodo para ayudar a los empleados de escasos recursos, mediante préstamos para vivienda”, indicó Ramírez, quien es el magistrado de mayor edad (69 años).
En el otro extremo, en cuanto a edad, está el magistrado de la Sala Segunda Rolando Vega Robert a quien se le concedió el derecho a la jubilación por ¢5 millones hace dos años, cuando tenía 51 años.
Ante una consulta de La Nación, Vega dijo que desea seguir en el puesto para retribuirle al Poder Judicial el hecho de que le permitiera estudiar gozando de una beca en una universidad pública.
Otro caso singular es el del presidente de la Sala Segunda, Orlando Aguirre Monge. Él ahora tiene 68 años, pero le otorgaron la pensión hace 21 años cuando tenía 47 años.
El magistrado presidente de la Sala Tercera, José Manuel Arroyo, indicó que en el 2007, cuando se le fijó el derecho a la pensión, estaba casi decidido el retiro.
Sin embargo, aplazó la decisión por la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obligaba al país a establecer los tribunales de apelación, los cuales empezaron a funcionar el 9 de diciembre. “No podía permanecer indiferente; el país estaba en el banquillo en cuanto al cumplimiento de derechos humanos y teníamos que hacer esfuerzos para cumplir con la exigencia de la Corte”.