La actual ley de tránsito tendrá una vida efímera.
Tan efímera que, en menos de dos años de vida, los magistrados de la Sala IV ya derogaron cuatro de las multas más altas y otras 13 acciones de inconstitucionalidad pendientes amenazan con sepultar lo que queda de la norma.
Lo desproporcionado de las multas se convirtió en el principal lastre para enterrar una ley que encontró enemigos desde el primer mes de vigencia, en abril del 2010.
En esa época, Hilman Salazar alegó que la multa de ¢270.300 –por circular sin el cinturón puesto– vulneraba principios de razonabilidad y proporcionalidad y los magistrados le dieron la razón.
La Sala IV también se trajo al piso –20 meses después– la sanción de ¢360.400 por no usar cinturones de seguridad en los asientos traseros de una microbús.
Otra multa más eliminada fue la de ¢270.300 por irrespetar la señalización vial (límites de velocidad y línea amarilla) y la de ¢180.200 por circular sin revisión técnica al día.
A esto deben sumarse otras 13 acciones que ya fueron acogidas pero están pendientes de resolución. Entre ellas, dos multas de ¢144.159 por parquearse en zonas prohibidas o por no usar chaleco retrorreflectivo cuando se viaja en moto o bicicleta.
Eso sí, las cifras anteriores aún no incorporan seis acciones de incostitucionalidad que siguen en la fase de admisibilidad.
Ahora, de la normativa quedan pocas multas severas, entre ellas la de ¢360.400 por circular con 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre. La sanción ya fue impugnada, pero no ha sido admitida por los magistrados.
Sin respaldo técnico. Consultada sobre este tema, la abogada constitucionalista, Judith Corella, sostiene que la principal debilidad de la ley de tránsito es que no contó con un estudio técnico que sustentara los montos de las multas.
Alegó que ante la ausencia de criterios técnicos se violan principios de igualdad, justicia, seguridad jurídica y bienestar social.
“Eso permite este tipo de alegatos: ¿Cómo es posible que haya multas que sobrepasan salarios mínimos?, ¿cómo es posible que una persona deba pagar una multa cuando las sanción es superior a lo que gana por mes?”, explicó la abogada de BDS Asesores.
Más amenazas. Además de la desproporcionalidad de las multas, la ley también tiene puntos débiles en su sistema de puntos.
Por ejemplo, entre las acciones pendientes de resolver está el reclamo de un ciudadano que critica que a los choferes de transporte público se les resten puntos de su licencia por problemas mecánicos de un bus que no les pertenece.
Aquí lo que se vulneraría es el derecho al trabajo, indicó Corella.
Mientras la legislación se desmorona poco a poco en la Sala IV, la norma sustitutiva sigue entrabada en la Asamblea, con muy poca voluntad de ser sacada adelante.
Aunque los diputados están sesionando los viernes para tratar de apurar su discusión, las horas se disipan en mociones de reforma y reiteración.