Gloriana Corrales. 23 enero, 2018

Lograr la aprobación para desarrollar un concierto masivo en Costa Rica es una peregrinación entre instituciones públicas con decenas de requisitos que puede tomar hasta tres meses.

“El único país donde tenemos una persona dedicada exclusivamente a sacar permisos es en Costa Rica. Es una ridiculez”, asegura el productor de Move Concerts, Andrés Guanipa.

Al igual que este empresario, otros como Juan Carlos Campos (One Entertainment), Ernesto Arceyut (Arceyut Producciones) y Marvin Córdoba (Marvin Córdoba Producciones) deben recurrir al auxilio de personas especializadas en trámites para la aprobación de conciertos en el país.

“Es hiperengorroso y por eso uno tiene que dedicar a una persona”, dice Campos.

Para lanzar a la venta los boletos, las empresas productoras requieren la aprobación del Ministerio de Economía, instancia en la que deben dejar una garantía equivalente a la totalidad de la taquilla.

“Lo que pretende la ley es que los aportes que dan los consumidores no se vean comprometidos, en el sentido de que se cancela el espectáculo, como sucedió antes del 2013 con un montón de espectáculos públicos. Alguien se llevaba la taquilla y lo cierto del caso es que el consumidor no veía ese dinero de vuelta”, explica Cinthya Zapata, directora de Apoyo al Consumidor del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).

Medidas de prevención. Las empresas productoras deben coordinar con la Fuerza Pública y firmas de seguridad privada para resguardar la integridad de los asistentes a conciertos. Foto: Alexánder Otárola
Medidas de prevención. Las empresas productoras deben coordinar con la Fuerza Pública y firmas de seguridad privada para resguardar la integridad de los asistentes a conciertos. Foto: Alexánder Otárola

Es por eso que las boleterías y los adquirentes de tarjetas de crédito retienen todo el dinero de la venta de las entradas hasta que el espectáculo se haya realizado.

Sin embargo, los productores se ven obligados a costear por adelantado el 5% de impuestos municipales sobre la taquilla (excepto en la Municipalidad de San José, confirmaron varios productores consultados), los cánones por derechos de autor y el impuesto del 6% que se destina al Teatro Nacional.

Lento proceso

Tras el visto bueno del MEIC, los organizadores de los conciertos deben dirigirse al Ministerio de Salud, entidad que verifica desde desde que existan distancias adecuadas en los pasillos hasta puntos de reunión, salidas de emergencia, rutas de evacuación, basureros clasificados, cabañas sanitarias con papel higiénico e iluminación interna, estaciones de lavamanos o alcohol en gel y hasta estructuras apropiadas para tarimas, toldos y camerinos.

Para obtener la aprobación de Salud, se necesita contar de antemano con una certificación emitida por la Comisión de Control y Calificación de Espectáculos Públicos, pólizas de responsabilidad civil y riegos de trabajo, certificaciones del Colegio de Arquitectos e Ingenieros y planes de seguridad privada y de atención a emergencias.

Tras obtener el permiso de Salud, los productores deben comenzar el trámite ante la municipalidad respectiva. Entre los requisitos están, además de la cancelación de impuestos previo al espectáculo, la calificación del Ministerio de Justicia y Paz, el visto bueno de la Asociación de Autores y Compositores Musicales (ACAM) y la aprobación de la Fiscalía de Espectáculos Públicos del Teatro Nacional.

“Yo, que he experimentado en otros países la organización de conciertos, agradezco que en Costa Rica se tiene lo que se tiene. Si usted se va a Nicaragua, Guatemala, Honduras o El Salvador, ahí hacen lo que les da la gana y a usted no le piden pólizas”, aseveró Carlos Chaves, especialista en el trámite de permisos para espectáculos y producción logística.

“Yo le aseguro que si no tuviéramos todos estos controles, más de una vez hubiéramos tenido una desgracia aquí”, añade Chaves.

Desbalance

El trámite municipal suele ser uno de los más lentos, de acuerdo con los productores que operan en el país.

En general, hubo concordancia en que el municipio josefino es el más expedito, mientras que se señaló al de Alajuela como el que más trabas presenta.

Al respecto, el alcalde de Alajuela, Roberto Thompson, admitió que la tramitología puede resultar “tediosa”, aunque se ha trabajado en la simplificación. De igual manera, destacó que nunca se ha suspendido un concierto en su cantón por retrasos en los permisos, incluso cuando los documentos se han presentado con poca anticipación.

“La idea es colaborar. Tenemos que hacer un esfuerzo para lograr que el Parque (Viva) tenga muchas más actividades A todos nos conviene: al país le conviene; a la población de La Guácima, porque habrá más ingresos para invertir en infraestructura y mejoras comunales; a la municipalidad le conviene porque igual va a haber más impuestos”, manifestó Thompson.

“Estamos haciendo un esfuerzo importante por darle seguridad a los productores para que se fijen más en Alajuela”, agregó el jerarca.

Por su parte, Ernesto Arceyut aseguró nunca haber tenido complicaciones con la Municipalidad de Alajuela, pero recalcó su decisión de no volver a hacer espectáculos en el Centro de Eventos Pedregal, luego de que la Municipalidad de Belén castigara el costo de los boletos del Urban Fest (realizado en abril del 2016) con el cobro del 5% de impuesto municipal sobre el valor del tiquete con el cargo por servicio adicionado.

“El cargo por servicio es un costo de la tiquetera, no mío. Además, por ley está exento de impuestos porque es un servicio. Pero la municipalidad no lo saca, sino que lo calcula así”, explicó Arceyut.

El último permiso que reciben los productores es el de las municipalidades y, en algunos casos, podría salir en la semana misma del concierto.

Esto suele generar riesgos que las empresas productoras cada vez están menos dispuestas a asumir.

Por ejemplo, Juan Carlos Campos, de One, señaló que la experiencia de producir 14 eventos en los últimos dos años lo llevó a replantearse el ritmo de trabajo y estima que ahora solo producirá tres eventos, como máximo, cada año.

“Imagínese el desgaste. Realmente uno termina agotado. La montaña rusa de emociones y de temas que uno no puede manejar como empresa privada termina afectando el negocio y el ímpetu de uno por hacer más negocios”, comentó.

“Queremos hacer menos eventos. El desgaste no paga. Cambiamos la filosofía y vamos a hacer menos eventos”, dijo.