Los Ángeles. AFP.- La actriz estadounidense Lori Loughlin, conocida por su papel de la tía Becky en la serie Full House (Tres por tres), compareció este miércoles en una corte de Los Ángeles para enfrentar cargos de fraude relacionados con el masivo escándalo de admisión universitaria en Estados Unidos, que involucra a ricos empresarios y celebridades.
Loughlin, de 54 años y que encara una pena máxima de 20 años de cárcel por el delito de transferencia fraudulenta de fondos, fue puesta en libertad bajo fianza de 1 millón de dólares.
La actriz y su esposo, el diseñador Mossimo Giannulli, que fue imputado el martes, presuntamente pagaron medio millón de dólares en sobornos para asegurarse que sus dos hijas fueran reclutadas sin méritos por el equipo de remo de la Universidad del Sur de California (USC) y garantizar su ingreso a la institución.
Loughlin fue imputada el miércoles tras regresar de Vancouver, donde estaba filmando. Su esposo también pagó una fianza de 1 millón de dólares para salir de prisión.
La pareja está entre las 50 personas que fueron imputadas el martes en esta trama que ayudaba a los hijos de las élites estadounidenses a entrar en las mejores universidades del país.
Cabe recordar que la protagonista de la serie Desperate Housewives, Felicity Huffman, también implicada, fue arrestada por el FBI en su casa el martes y puesta en libertad bajo fianza.
La actriz de 56 años y su esposo, William H Macy, estrella del show Shameless, habrían pagado 15.000 dólares para que su hija mayor tuviera un buen resultado en el examen de admisión de la universidad.
Macy es mencionado en el caso pero no fue imputado.
El líder del esquema, William Singer, acordó declararse culpable de cargos de fraude y está cooperando con las autoridades.
Las universidades a las que la red apuntaba eran Yale, Stanford, UCLA y Georgetown. Ninguna fue imputada, así como tampoco los estudiantes.
Según la fiscalía, Singer llegó a cobrar hasta 6,5 millones de dólares para garantizar una admisión, a través de trampas en los exámenes o sobornos a entrenadores para reclutar estudiantes sin habilidades deportivas.
Entre los padres imputados destacan también Gordon Caplan, copresidente de un importante bufete de abogados neoyorquino, que supuestamente pagó 75.000 dólares para que arreglaran las calificaciones de las pruebas de su hija.
Y William McGlashan, un ejecutivo del enorme grupo de inversión TPG Capital que se especializó en inversiones en tecnología, supuestamente pagó cientos de miles de dólares por las pruebas y por la ubicación de su hijo en la USC como estudiante deportista.