18 de marzo del 2011, Tibas, por el estadio Municipal, Detienen sospechosa de de falsedad ideologica de apellidos Panameo Sequeira, que transladan a Corredores en Golfito por agentes del OIJ/ caravaca (Marvin Caravaca)
Un asistente del Juzgado Agrario de Corredores, un abogado particular y una empresaria fueron detenidos como sospechosos de falsificar una sentencia para inscribir una finca.
El arresto lo ejecutaron agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en coordinación con la Fiscalía de Corredores, la tarde del viernes en tres allanamientos efectuados en Laurel y en el barrio Doce de Octubre, en Corredores, así como en San Juan de Tibás, San José.
Los presos son un asistente judicial, de apellido Díaz y 31 años; un abogado de apellido Gómez, de 46 años, y una empresaria de apellido Panameño, de 60 años.
A los tres, el Ministerio Público les abrió una causa por los delitos de falsedad ideológica (introducir datos falsos en un documento público), uso de documento falso y estafa procesal, confirmó ayer Guillermo Hernández, fiscal general interino.
Dicho fallo judicial se emitió cuando la jueza se encontraba de vacaciones, según la denuncia.
Para el Ministerio Público, la firma de la jueza fue “falsificada” y eso permitió la inscripción de la propiedad, que, al parecer, pertenecía al Instituto de Desarrollo Agrario (IDA).
El terreno fue inscrito el 12 de julio del 2010 y en este momento existe un gravamen por el proceso penal 10-202045-0456-PE, que se inició el 4 de marzo en Corredores.
El fiscal Hernández dijo que lo más grave del hecho es que esa finca fue inscrita en el Registro de la Propiedad mediante la utilización de unas boletas especiales que tiene el Poder Judicial. “El Registro solo inscribe las fincas con esas boletas y se usa como una medida de seguridad”, dijo el Fiscal.
Durante los allanamientos se encontró evidencia que fue calificada como muy importante para la investigación. Entre lo decomisado están computadoras, sentencias y otros documentos.
Incluso, las autoridades no descartan que en los próximos días aparezcan otros casos similares al de esta propiedad.
Los imputados fueron indagados durante la tarde de ayer y anoche se esperaba realizar una audiencia para determinar el tipo de medidas a imponer.
La Fiscalía anunció que pediría prisión preventiva.
Los abogados Luis Eduardo Venegas y Luis Guillermo Araya, defensores de Gómez y Díaz, respectivamente, consideraron poco probable que se dictara prisión pues no “hay prueba directa”.