Por: Eillyn Jiménez B..   24 noviembre, 2017

Jóvenes con edades entre los 18 y 25 años, costarricenses y con un bajo nivel de escolaridad, integran las bandas narco que extorsionan a comerciantes de Alajuelita y Hatillo, en San José.

El dato lo dio a conocer este viernes por la mañana el Organismo de Investigación (OIJ), al detallar que a pesar de que la situación se ha vuelto común en esas zonas, solo contabilizan dos denuncias en todo el 2017.

Además, durante todo el 2016 no se presentó ningún caso de este tipo ante las autoridades judiciales.

"Ahora que se acerca la época de diciembre recomendamos a los comerciantes no realizar el pago extorsivo y presentarse de inmediato aquí (al OIJ) para poner la denuncia (...). A nosotros nos preocupa que de una extorsión a un secuestro hay solo un paso, por lo que las denuncias son necesarias", insistió Douglas Rodríguez Badilla, jefe de la Unidad de Secuestros de la Sección de Delitos Varios de la Policía Judicial.

Tejarcillos de San Felipe de Alajuelita es una de las comunidades que se vio afectada por el cobro ilegal de 'peajes' meses atrás. Foto: Archivo
Tejarcillos de San Felipe de Alajuelita es una de las comunidades que se vio afectada por el cobro ilegal de 'peajes' meses atrás. Foto: Archivo

El funcionario agregó que también es necesario que la población aprenda a limitar la información que comparte en redes sociales, ya que en muchos casos los supuestos delincuentes se aprovechan de esto para amenazar a los empresarios.

"Muchas de estas organizaciones tienen información importante de los familiares, los sitios que las personas visitan y sus propiedades, por lo que cuando extorsionan mencionan esos datos y las personas se asustan. Sin embargo, cuando revisamos las redes sociales nos damos cuenta que todo está ahí y eso se convierte en un riesgo", explicó Rodríguez.

De acuerdo con la investigación que han realizado los agentes del OIJ, los miembros de los grupos narco aprovechan los teléfonos expuestos en los rótulos de los comercios, para llamar a amenazar a los propietarios.

A ellos los llaman para cobrar el dinero y en esa misma comunicación fijan una hora y día para el cobro, argumentando que de lo contrario no van a poder continuar con la actividad en la zona.

Rodríguez precisó que el cobro que hacen los sujetos depende del tipo de negocio, ya sea restaurante, pulpería o farmacia, entre otros, pero que los valores oscilan entre los ¢200.000 y ¢2 millones al mes.

"Ellos dicen que es un cobro por seguridad, para que el negocio de ellos no sufra ningún daño (...), por lo que cuando el comerciante no realiza el pago lo que se ha visto es que en las noches, cuando se cierra el negocio, los delincuentes pasan y disparan contra el inmueble y eso obviamente asusta a las víctimas", manifestó el jefe de la Unidad de Secuestros.

"Amenazan a los comerciantes con hacerles daño a ellos y sus familias. A nosotros nos preocupa mucho esto porque de la extorsión al secuestro nada más es un paso", Douglas Rodríguez, jefe de la Unidad de Secuestros del OIJ.
Dinero con destino incierto

La Policía mencionó que los delincuentes regularmente son de la zona, por lo que hacen un perfil de los negocios para detectar cuáles tienen mayores ventas y, a partir de eso, cometer la extorsión.

Asimismo, los pagos son hechos a un tercero, quien acude al negocio en busca del dinero.

Rodríguez reconoció que de momento desconocen cuál es el destino final de la plata que obtiene cada organización criminal, ya que son diversos grupos radicados en Hatillo y alrededores los que están manejando las extorsiones.

El pasado 30 de octubre, tres hombres fueron condenados por cobrar "peajes" de entre ¢1.000 y ¢20.000 a taxistas informales, comerciantes y vecinos de Tejarcillos de Alajuelita y, hace poco más de una semana, el director del OIJ, Wálter Espinoza, afirmó que anteriormente se habían recibido quejas sobre este tipo de situaciones en Desamparados, calle Lizanías en Río Azul de La Unión y esa comunidad de Alajuelita.