Eillyn Jiménez B.. 24 diciembre, 2019
San José, Los Yoses, fotografías de la fachada de la Casa Cultural Simón Bolívar. Fotografía José Cordero
San José, Los Yoses, fotografías de la fachada de la Casa Cultural Simón Bolívar. Fotografía José Cordero

El Ministerio de Seguridad Pública (MSP) se declaró incompetente para desalojar una propiedad que el Estado de Venezuela tiene en Los Yoses, Montes de Oca, la cual fue cedida por el régimen de Nicolás Maduro a simpatizantes chavistas en Costa Rica.

A inicios de noviembre, la Cancillería costarricense pidió a Seguridad proceder con las gestiones legales para desocupar el inmueble, tras una solicitud presentada por la representación diplomática venezolana reconocida por el gobierno del presidente Carlos Alvarado.

Sin embargo, después de realizar un análisis jurídico, se determinó que la disputa por la estructura debe resolverla un juez de la República.

Eduardo Solano, viceministro de Seguridad, manifestó que a la cartera le corresponde un proceso de este tipo cuando el derecho ya está consolidado, lo cual no sucede en este caso.

"Nosotros hicimos análisis jurídico de forma rigurosa y seria y determinamos que por las circunstancias jurídicas es una resolución que debe darse en un estrado judicial.

"El MSP, como instancia administrativa, no tiene competencias para la determinación de una resolución como había pedido la parte actora, siendo que hay una disputa de derechos y los procesos administrativos es nada más un proceso sumerísimo, en que cual se determina un derecho ya consolidado.

“Consideramos que esta disputa y encuentro de criterios debe ser resuelto por un juez de la República y escapa de las competencias legales otorgadas al MSP”, explicó Solano.

(Video) Seguridad rechaza solicitud de desalojo de propiedad del Estado venezolano

Propiedad polémica

La propiedad, de 4.400 metros cuadrados, sirvió como residencia del embajador de Venezuela hasta inicios de este año, cuando Costa Rica reconoció al diputado opositor venezolano, Juan Guaidó, como presidente encargado del país suramericano.

El régimen, entonces, decidió destinar la propiedad a la creación de un centro cultural administrado por costarricenses afines a Maduro, al tiempo que la embajadora de Guaidó, María Faría, reclama el uso de la propiedad.

La casa está registrada desde 1992 a nombre del gobierno de Venezuela y, en febrero de este año, el derecho de posesión de la propiedad fue traspasado por el régimen de Maduro al exdiputado costarricense Álvaro Montero Mejía, antes de que los diplomáticos de Maduro abandonaran el país por orden del gobierno de Costa Rica.

La cesión la efectuó Norma Borge, una de las diplomáticas de Maduro acreditadas en San José, quien debió abandonar el país el 13 de abril, dos días antes de que se venciera el plazo de dos meses para salir de Costa Rica.

A su vez, Montero Mejía, legislador por la coalición de izquierda Pueblo Unido entre 1983 y 1986, puso la casa a disposición de sindicalistas, organizaciones sociales y cooperativas. Ahora el edificio sirve como “casa cultural Simón Bolívar”.