EscucharMantener a un reo aislado durante cuatro días, sin el aval de un juez, le costó un regaño al Ministerio de Justicia por parte de la Sala Constitucional.
La reprensión de la Sala IV se dio el 20 de mayo pasado, cuando los magistrados conocieron una queja interpuesta por la madre de un joven de apellido Rojas, de 22 años. Este muchacho estaba en prisión preventiva en la cárcel La Leticia, en Pococí, por un caso de tráfico internacional de drogas.
Según el recurso de hábeas corpus interpuesto por la madre, el 12 de mayo ella recibió una llamada por parte de compañeros de su hijo, quienes le indicaron que el joven había sido golpeado y enviado a una de las celdas conocidas como “bochos”.
La accionante aseguró que ahí su hijo no podía asearse ni tenía acceso a medicamentos para su padecimiento de hipertensión. Afirmó que tampoco se le brindaba agua ni comida.
La Sala Constitucional consultó a las autoridades de la cárcel de Pococí. La directora Marianella Fallas, y el jefe de Seguridad, Orlando Mora, respondieron las preguntas.
Mora indicó que el preso fue llevado a las celdas de prevención debido a que instó a la población penitenciaria a causar un motín.
Agregó que “las celdas de prevención están acondicionadas con servicios básicos necesarios para la supervivencia de cualquier ser humano, tales como agua potable, baño, servicio sanitario, cama, energía eléctrica, ventanas de ventilación y suministro de alimentación”.
El funcionario aseguró que a Rojas se le brindó la alimentación y los medicamentos requeridos.
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En las fotos enviadas se observa esta cama de cemento. | JUSTICIA PARA LN
Reproche. En el fallo, redactado por la magistrada Nancy Hernández, la Sala Constitucional consideró que se lesionó la libertad del preso “al comprobarse que permaneció en la celda de aislamiento del 12 al 15 de mayo del 2014, sin autorización judicial”.
La sentencia señala que los jueces de Ejecución de la Pena deben aprobar las sanciones de aislamiento cuando estas superen las 48 horas.
“De manera que al disponer de una medida cautelar de aislamiento sin detallar el tiempo de vigencia, y con el agravante de que transcurrió un plazo superior a las 48 horas sin que las autoridades penitenciarias pusieran en conocimiento de esa situación al juez de Ejecución de la Pena de esa jurisdicción, resulta lesivo de los derechos fundamentales del amparado”, dice el fallo.
Los magistrados no aceptaron los otros reclamos relacionados con la alimentación o la asistencia médica del recluso.
Protección. Reynaldo Villalobos, subdirector de Adaptación Social, alegó que, técnicamente, en Costa Rica no se aísla a la persona.
“Aunque se ubica (al preso) en una celda individual, este sigue teniendo todos los derechos como visitas íntimas, de familiares, acceso a la radio, al periódico, a comunicarse con las demás personas”, manifestó Villalobos.
El funcionario argumentó, además, que el procedimiento se usa para la misma protección de los presidiarios.
“Se realiza para salvaguardar la integridad física del privado de libertad y de otros. Normalmente se hace cuando hay problemas de convivencia, se aplica como medida cautelar. Esto se hace una vez que se ha agotado la posibilidad de ubicación del centro (en otro ámbito) o se hace un estudio para ver si puede ser en otro centro del país.
”Hay privados que han andado por todos los centros del país y por eso la permanencia se prolonga un poquito”, explicó.
Villalobos dijo desconocer la razón por la cual, en este caso, el preso se mantuvo en la celda de prevención más de 48 años. No obstante, indicó que todos los funcionarios penitenciarios conocen la ley y que “si alguno no la observa, tendrán que pedirse las investigaciones del caso. Pero normalmente los funcionarios son muy celosos del cumplimiento de la ley; saben que se expondrían a procedimientos administrativos”, apuntó.
Villalobos resaltó que a quienes son separados del resto de presos, también se les permite un tiempo de sol y aire libre.
La Nación pidió entrar a las celdas de prevención en Pococí, con el fin de observar las condiciones en las que se encuentran, pero el Ministerio de Justicia negó el ingreso y envió fotografías de algunas partes de estas.
