La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró sin lugar un recurso de habeas corpus interpuesto por un extranjero que quería impedir su expulsión del territorio costarricense.
Se trata de un cuidadano de origen peruano que ya ha sido condenado por dos delitos de robo, era indiciado por otros delitos más y permanece en el país de forma irregular.
Según un comunicado del Ministerio de Seguridad, el caso se remonta al 22 de junio anterior, cuando Juan Carlos Mejía solicitó a los magistrados impedir su deportación, alegando que tenía pareja desde hace 14 años en Costa Rica y dos hijos menores nacidos en nuestro país.
Sin embargo, el tribunal constitucional reiteró que no puede reconocerle a un extranjero el derecho a permanecer de manera ilegal en el territorio nacional, e ignorar las disposiciones legales de orden público. Por esta razón, Mejía será expulsado el próximo mes.
Según los magistrados, la sola existencia de un vínculo, ya sea matrimonial o convivencial con costarricenses, no puede suponer la derogación singular de las normas legales que rigen el ingreso y la permanencia de extranjeros en el territorio nacional.
En octubre del 2010, Mejía había sido condenado a ocho años de prisión al ser declarado culpable de dos delitos de robo agravado.
Tras cumplir su pena y ser excarcelado, la Dirección General de Migración y Extranjería lo aprehendió y le notificó que por estar en condición migratoria irregular en el país, y dados sus antecedentes, sería deportado a su nación de origen.
Lo anterior, como parte de la orden del presidente Luis Guillermo Solís de expulsar del país a extranjeros calificados como indeseables.
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A la Sala Constitucional también se apersonaron miembros de la Policía Internacional (Interpol), quienes señalaron que Mejía no tenía requerimientos internacionales, pero acumula ocho antecedentes por robo agravado.
También tiene una infracción a la ley de tránsito y se le investigó por hurto agravado y robo agravado en el 2009, así como tentativa de robo simple en el 2008.
De acuerdo con los magistrados, la detención de Mejía estaba justificada, pues se logró comprobar que tenía una situación migratoria irregular.
Así consta en la sentencia 10188-2017 adoptada por unanimidad en la Sala Cuarta.
El ministro de Seguridad Pública, Gustavo Mata, afirmó que el extranjero tiene un mes de estar a la orden de Migración y Extranjería y se espera deportarlo en agosto.
Recordó que tienen en estudio a 82 personas, debidamente identificadas, la mayoría están relacionadas con maras, homicidios y delitos violentos.
Según Mata, se va a seguir ejerciendo la política de deportación, para que esos sujetos no vean a nuestro país como un lugar donde llegar a esconderse o a cometer fechorías.
"Se les va a ir abordando, se les notificará y se les deportará", puntualizó.