Sala IV avala el bloqueo a señal celular en cárceles

Magistrados declararon sin lugar tres recursos de amparo contra esa medida

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El bloqueo de la señal celular que se comenzó a implementar en el sistema penitenciario desde octubre del 2020 no lesiona ningún derecho fundamental de los funcionarios destacados en los centros penales del país.

Así lo resolvió La Sala Constitucional en al menos tres votos emitidos este mes, que declararon sin lugar recursos de amparo interpuestos sobre este tema, informó el Ministerio de Justicia en un comunicado.

La sentencia del pasado 8 de enero, (N.° 2021-000225), indica que la restricción impuesta en los centros penitenciarios no constituye una violación al derecho de comunicación.

Desde el 2014 se estableció en una circular que los funcionarios de los centros penales tienen prohibido portar y utilizar el teléfono celular durante el desempeño de sus funciones, por motivos de seguridad institucional.

En adición a ello, el Ministerio de Justicia realizó mejoras y ajustes para que los servidores puedan usar los teléfonos fijos institucionales en sus labores y en asuntos personales.

Por lo anterior, el tribunal estableció que la medida no lesiona derechos fundamentales de los funcionarios de esos centros.

También recalcaron que bloquear la señal de los teléfonos móviles en el sistema penitenciario corresponde a una obligación legal que tienen las operadoras telefónicas del país, según la Ley General de Telecomunicaciones (Ley N.° 9597).

La ministra de Justicia, Fiorella Salazar, dijo que lo resuelto por la Sala le permite al país seguir con una medida largamente esperada por la ciudadanía.

Desde La Reforma y otras cárceles la Policía Judicial constató la fragua de cientos de estafas, fraudes, órdenes de ajusticiamientos, secuestros y otros delitos, por lo que el bloqueo a la señal celular era una medida urgente contra esos flagelos criminales.

La ministra Salazar afirmó que la solución tecnológica ejecutada por las empresas proveedoras de servicios telefónicos transcurre con la menor afectación posible para con el personal.

Así las cosas, el plan para completar el bloqueo en otros centros, donde todavía falta esa acción, sigue adelante.

A finales del año pasado el Ministerio de Justicia informó de que en 12 de los 21 centros penitenciarios ya se contaba con bloqueo de señal y que ya el sistema había impedido que 3.472 intentos de actividad celular se convirtieran en llamadas o en conexiones a Internet.

Por el momento, la Policía Judicial pide a la ciudadanía no entregar datos de cuentas o claves por la vía telefónica a personas que se hacen pasar por funcionarios de entidades bancarias, pues todavía hay llamadas desde centros penitenciarios.

El año pasado el fraude fue uno de los delitos que más incremento tuvo, según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

La cifra de ¢7.000 millones estafados ese año hizo que el jerarca del OIJ, Walter Espinoza, alzara la voz para llamar a extremar cuidados.