Escondidos en huecos tallados en la madera de los camarotes, en las esponjas de los colchones, en tuberías viejas o en agujeros en el piso. Así lograron camuflar los reos 998 celulares a los primeros cinco meses del año.
Es posible que la cifra sea aun mayor; sin embargo, esos son los aparatos que logró decomisar la Policía Penitenciaria en ese periodo de tiempo, el equivalente a 6,5 teléfonos móviles detectados cada día.
De mantenerse esa tendencia, al 31 de diciembre las autoridades se habrán incautado de 2.400 artefactos. La cifra está muy por debajo de los 2.946 teléfonos decomisados en el 2018 o los 3.145 en todo el 2019.
La baja podría estar asociada a la pandemia por el nuevo coronavirus, pues desde el 20 de marzo se suspendieron las visitas en todos los centros penitenciarios. Esto disminuye las posibilidades de que los internos reciban “encomiendas ilegales” desde el exterior.
Aún así, en los últimos seis días los oficiales se incautaron de 49 celulares, cargadores y manos libres, cifra que demuestra la urgencia de que se implemente el plan de bloqueo de señal celular en las cárceles.
El proyecto, que debió entrar en funcionamiento desde el 11 de abril pasado, está atrasado, según la justificación del Ministerio de Justicia, porque los técnicos extranjeros que debían inspeccionar los avances no lograron entrar al país debido al cierre de fronteras por la crisis sanitaria.
Hace una semana, ese despacho le solicitó al Ministerio de Salud un permiso especial para que dichos técnicos puedan volar a Costa Rica. Sin embargo, ante consultas de este medio, Justicia reconoció que aún no tienen una respuesta.
Los internos no solo aprovechan los celulares para estar en contacto con amigos y familiares, sino para cometer estafas. Solo el año pasado, el Organismo de Investigación Judicial estimó el perjuicio económico para el 2019 en ¢5.000 millones.
Récord de armas punzocortantes
En un reporte de prensa divulgado este jueves, Justicia también anunció que en mayo se logró lo que ellos catalogan como el mayor decomiso de armas punzocortantes de los últimos tres años.
Se incautaron de 1.320 armas hechizas, cifra superior al anterior dato más alto, que fueron 1.276 en enero del año anterior.
“La Policía Penitenciaria es una policía comprometida con su labor que favorece los procesos técnicos, pero que también es garante de la aplicación de la normativa que rige. De allí que de la revisión de espacios se descubre la forma en que ocultan no solo las armas punzocortantes, sino también los aparatos celulares y accesorios”, explicó el subdirector de la seguridad penitenciaria, Nils Ching Vargas.
Entre enero y mayo de este año, los agentes decomisaron en el sistema penitenciario 4.688 armas punzocortantes hechizas.
En lo últimos decomisos, los aparatos y armas fueron encontrados en los Centros de Atención Institucional (CAI) Jorge Arturo Montero (San Rafael de Alajuela), Limón, Carlos Luis Fallas (Pococí), Puntarenas, así como el Centro Nacional de Atención Específica (Complejo Occidente, San Rafael de Alajuela).
Por último, aunque con el cierre de las visitas implica menos posibilidades de detectar encomiendas con artículos no permitidos, en los primeros cinco meses del 2020 se registran 371 personas presentadas ante los tribunales, principalmente por tratar de introducir drogas a centros de reclusión.
“La autoridad penitenciaria agregó que esa cantidad, sin haber llegado aún a la mitad del año, significa que hay un aumento importante, si se confrontan con las 487 y 614 personas remitidas a la fiscalía por ese motivo durante los años 2018 y 2019, respectivamente”, manifestó Justicia.