Escondido entre el forro de un mueble. Así descubrieron agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y oficiales de la Policía Penitenciaria uno de los ocho celulares decomisados en el Centro de Atención Integral (CAI) 26 de Julio, en Puntarenas.
Un trabajo de inteligencia llevó a las autoridades a realizar el registro de uno de los pabellones de esa cárcel este viernes. Producto de la diligencia se incautaron también nueve chips celulares, una tarjeta de memoria, un cargador, tres adaptadores, dos cables USB, dosis de droga y algunos objetos punzocortantes.
A diario, dentro de las prisiones se hacen decomisos; sin embargo, después de que esta semana se divulgara mediante redes sociales un video grabado hace más de cuatro meses dentro del CAI Jorge Arturo Montero, conocido como La Reforma, en San Rafael de Alajuela, el Ministerio de Justicia y Paz ha informado con más frecuencia de sus trabajos conjuntos con la Policía Judicial.
Nils Ching, subdirector de la Policía Penitenciaria, manifestó que estas labores son permanentes y diarias, ya que son parte de la mano dura para detener las acciones que vayan en contra de la normativa.
Dentro de la cárcel un teléfono puede ser vendido hasta en ¢800.000, según informes brindados por Justicia el año pasado.
Además, datos recabados por la institución permiten afirmar que las bandas pagan entre ¢80.000 y ¢400.000 para que personas que están fuera de prisión y hasta funcionarios de Justicia introduzcan los móviles.
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Usados para estafas
Algunos privados de libertad utilizan los celulares que obtienen para realizar llamadas y estafar a las personas.
El viernes, el OIJ estimó que las estafas telefónicas realizadas desde la cárcel provocarán un perjuicio económico superior a los ¢5.000 millones al finalizar el 2019.
Hasta el 31 de julio anterior se registraron 1.511 denuncias por este tipo de delito solo en San José, cifra que ya supera al total acumulado durante todo el 2018 en esa misma zona, cuando hubo 1.474.
Además, en el 2017 hubo 1.146 casos puestos en conocimiento de las autoridades.
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Wálter Espinoza Espinoza, director de la Policía Judicial, reconoció que esta problemática les preocupa, por el incremento en la cantidad de denuncias y la sofisticación al cometer los delitos.