Reclusas agreden a compañera tras quitarle llaves de celda a policía penitenciaria

Un grupo de reclusas agredió a una compañera de cárcel en su propia celda luego de quitarle las llaves del aposento a una policía penitenciaría en el centro de atención institucional (CAI) Vilma Curling Rivera, ubicado en San Rafael Arriba de Desamparados, San José.

De acuerdo con un recurso de habeas corpus interpuesto por la ofendida, las agresoras aprovecharon que una policía penitenciaria cometió la irregularidad de abrir un portón estando sola, a pesar de que, según las indicaciones internas, eso solo puede hacerse cuando al menos hay dos custodios (oficiales) presentes.

La Sala Constitucional resolvió que tal negligencia facilitó que, una vez abierto el portón, las agresoras le quitaran las llaves a la policía, entraran a la celda de la privada de libertad y la atacaran con armas punzocortantes, palos y grilletes.

Al final, la víctima fue herida en el labio, el pómulo y el abdomen; además, sufrió una fractura de nariz y le desmontaron la mandíbula. Los hechos sucedieron el pasado 10 de enero y el recurso interpuesto por la mujer agredida fue declarado parcialmente con lugar.

Tras esta situación, el Tribunal ordenó al ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos Valverde, y a la directora general del CAI Vilma Curling Rivera, Kattia Góngora Meza, que se garantice la seguridad de la reclusa y se inicie un procedimiento administrativo disciplinario contra la agente de policía que incumplió los lineamientos.

Además, la Sala dispuso que en un plazo de dos meses el ministerio emita un protocolo interno para el personal policial en los módulos del centro penitenciario de mujeres, “en los que se requiera de un nivel de seguridad especial por las características de la población que albergan”.

El alto tribunal indicó que esto tiene como objetivo prevenir agresiones y vulneraciones a los derechos de las mujeres privadas de libertad. Así se desprende de la parte dispositiva de la resolución N°2023001726, dictada por unanimidad en la sesión del miércoles 25 de enero.

“Se condena al Estado al pago de daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo”, concluye el documento, dado a conocer este viernes por la oficina de prensa de la Sala.

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