Las recientes manifestaciones en carreteras que dejaron policías apedreados así como daños en vehículos, equipos y estructuras policiales en Quepos, Abangares y Corredores, entre otros, ocurren contra muchos policías que no cuentan con el equipo de protección adecuado, según una denuncia sindical.
De acuerdo con el Sindicato Independiente de Trabajadores Estatales (Siteco) es preocupante el hecho de que algunos vehículos y patrullas, así como policías enviados a controlar los bloqueos no cuentan con el equipo y las exigencias que la situación actual presenta.
En dos misivas enviadas al Ministerio de Seguridad, Siteco recuerda que la Policía es civilista y piden garantizar su protección.
“No utilicen a las y los oficiales de Seguridad Pública como conejillos de indias”, dice una de las misivas que firma la secretaria general de Siteco, Xiomara Rojas, y que dirigió al director de la Fuerza Pública, Daniel Calderón.
Siteco también pide informes sobre el uso de los drones que la Policía adquirió meses atrás y que estiman que serían de utilidad en casos como los que se están afrontando.
Las inquietudes versan sobre la seguridad de los policías, la cantidad que envían a ciertos bloqueos, donde los manifestantes son a veces el doble y la forma en que han sido dañados vehículos policiales que quedan a merced de quienes cierran las vías.
Los casos más violentos se registraron en video este miércoles en Quepos, cuando es evidente que son pocos los oficiales para atender una turba numerosa que los atacó a pedradas.
La agresión fue tan severa que les quebraron los escudos de protección, les robaron los chalecos de protección e incluso algunos ni siquiera llevaban casco y por eso uno de ellos sufrió una lesión en el cráneo.
Además, las microbuses de transporte de los oficiales fueron atacadas a pedradas, por lo que hubo daños en vidrios y carrocería.
En torno a esto, se planteó la queja del sindicato al Ministerio de Seguridad Pública, que todavía no se ha referido al asunto.
Total de procesados
Debido a los actos vandálicos de los últimos días, se ha presentado ante la Fiscalía a 41 adultos y 11 menores, los cuales han sido detenidos mayoritariamente en flagrante acción de apedreo, agresión, uso de explosivos y desacato a la autoridad.
Esta mañana se detuvo a un hombre de apellido Ruiz, como presunto líder de los manifestantes en Colorado de Abangares, informó el Ministerio de Seguridad.
Se trata de un sujeto que cuenta con antecedentes judiciales e incluso una sentencia dictada en Pérez Zeledón por robo agravado y violación de domicilio.
Al igual que él, en la Fiscalía Adjunta de Limón quedaron ocho adultos y varios menores de edad, así como otros cinco adultos que fueron procesados en la Fiscalía de Flagrancia y a los que se les prohibió participar en más cierres de vías, como medida cautelar.
En la Fiscalía de Quepos y Parrita tres sujetos serán procesados por resistencia a la autoridad, y otros cuatro por un mecanismo más rápido que es el de flagrancia. Se les procesará por obstrucción de vía pública y resistencia agravada.
En Puntarenas 15 manifestantes fueron detenidos por obstrucción de vías y resistencia agravada y dos por tenencia de explosivos, según el informe que hasta el mediodía de este jueves tenía el Ministerio Público.
Al consultarle a ese ente sobre la cantidad de detenidos en momentos en que el Poder Judicial ha indicado que las celdas del OIJ no dan abasto y que el sistema penitenciario tiene dificultades para admitir nuevos indiciados, indicaron que de momento no se ha solicitado prisión preventiva.
“Se han valorado los peligros procesales y los arraigos, parámetros que señala la ley para determinar la pertinencia de medidas cautelares, y no ha sido necesario recurrir a una privación de libertad”, informó esa entidad.
Añaden que cada caso es valorado de manera particular y que, si llega a valorarse la necesidad de una medida cautelar más gravosa, se analizarán la prisión preventiva, el monitoreo electrónico y el arresto domiciliario.
De los delitos que se imputan a los 41 adultos detenidos, hay dos que podrían implicar penas de cárcel que son la resistencia agravada, la cual contempla penas de hasta cinco años de prisión y la fabricación o tenencia de explosivos que según el artículo 257 del Código Penal, dispone hasta ocho años de cárcel.
La obstrucción de vías públicas se castiga con un máximo de 30 días de prisión, pero si se combina con otro de los delitos, puede aumentar la pena e implicar ir a la cárcel.
Como en todo proceso penal, la calificación jurídica puede variar en el transcurso de la investigación.
Entre los agravantes también está el tipo de armas usadas. La Fuerza Pública ha encontrado armas de fuego, “miguelitos” que son dispositivos para estallar llantas de carros, bombas incendiarias y un tipo de bomba Molotov que además de gasolina contiene ácido y botellas de vidrio, cuyos fragmentos pueden herir de gravedad a alguna persona cuando surge la detonación.