Una inspección realizada por la Policía Penitenciaria y la Unidad Canina permitió el hallazgo de 1.430 gramos de marihuana en un cajón del dormitorio de oficiales del Centro de Atención Integral (CAI) Carlos Luis Fallas, en Pococí de Limón.
Esa cantidad de droga comercializada en prisión está valorada en ¢2,8 millones, según estimaciones del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), que calcula que cada gramo se vende en ¢2.000.
Además, durante la revisión realizada este viernes por la mañana, también se encontraron cuatro celulares con sus cargadores, dos picadoras de marihuana, dos envoltorios de cocaína que pesaron poco más de un gramo, varios machetes, una romana y 1,5 litros de whisky.
El Ministerio de Justicia y Paz confirmó la situación y manifestó que, de momento, “no hay una persona identificada con respecto a la procedencia de estos productos”, por lo que el caso seguirá en investigación para determinar quién o quiénes los introdujeron al centro penal.
Trascendió que este no es el primer decomiso que se realiza en el dormitorio de los policías penitenciarios de esa cárcel, donde los oficiales tienen un cajón asignado con un código.
Además, según las autoridades, este tipo de diligencias son hechas cuando existe sospecha de la existencia de droga u otros artículos no permitidos.
En el 2015 se incautaron 126 kilos de droga en centro penitenciarios de todo el país (tanto a reos como a funcionarios); en el 2016 la cifra aumento a 155 kilos, mientras que en el 2017 fue de 216, según datos del Ministerio de Justicia. Asimismo, durante este 2018 se tenían contabilizados 126 kilos hasta setiembre.
Dentro de las prisiones el costo de las drogas se duplica, pero regularmente eso depende del cliente final y la ubicación que tiene.
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Por otra parte, entre el 2015 y setiembre de este 2018 se han incautado 12.243 celulares.
Cifras de la Policía Penitenciaria revelan que las bandas que operan en las cárceles pagan entre ¢80.000 y ¢400.000 para que personas que están fuera de prisión y hasta funcionarios de Justicia se presten para introducir los móviles y, una vez con los teléfonos dentro, los venden a precios mucho más altos de los que pagaron por su ingreso, ya que pueden cobrar hasta ¢800.000.
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