Cuatro sujetos, entre ellos un oficial de la Fuerza Pública, fueron detenidos este jueves por los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como sospechosos de cohecho, penalidad del corruptor y transporte ilegal de madera.
El policía arrestado es de apellidos Mata Hernández, de 31 años. Ingresó a la Fuerza Pública el 16 de diciembre del 2011. Es policía raso y actualmente se desempeñaba en la delegación de Aguas Zarcas.
Los otros aprehendidos son de apellidos Arce Barrantes, Montenegro Pereira y Trejos Arce, este último de 31 años y con antecedentes por robo de ganado.
Las vigilancias de varios meses permitieron realizar esta mañana tres allanamientos en Pital y uno en Aguas Zarcas, que son distritos de San Carlos, en donde se detuvo a los cuatro hombres con edades entre los 31 y 50 años.
Al policía se le acusa de cohecho y de incumplimiento de deberes en la función pública.
Los otros tres figuran como sospechosos de transporte ilegal de madera y penalidad del corruptor, pues, al parecer, le pagaban sumas entre los ¢50.000 y ¢300.000 en efectivo a cambio de que les informara sobre retenes, operativos y otros movimientos policiales en la zona, así como la ruta a seguir, para que el camino estuviera libre.
La investigación reveló que los sospechosos conformarían una banda dedicada a realizar traslados de madera ilegal que sacaban de montañas en Boca Tapada y Sahíno de Pital, en San Carlos, así como en el cantón de Los Chiles, entre otros, para luego venderla en diferentes aserraderos de la zona.
El Código Penal de Costa Rica establece que el cohecho ocurre cuando el funcionario público recibe una dádiva o cualquier otra ventaja o acepte la promesa directa o indirecta de una retribución de esa naturaleza, “para hacer un acto contrario a sus deberes, o para no hacer, o para retardar un acto propio de sus funciones”.
Las detenciones se dieron en las casas de los sospechosos y en la vía pública.
Los agentes encontraron importante evidencia para la investigación como documentos, celulares, dispositivos electrónicos y un arma de fuego.
Trascendió que cada camión puede trasladar de ocho a 10 tucas. Dependiendo del tamaño y grosor, cada carga puede costar unos ¢10 millones, pues se trata de madera valiosa, cuya comercialización en prohibida.
Las indagaciones en torno al caso continúan, pues no se descarta la participación de más personas en estos hechos.
La situación jurídica de los detenidos será definida por el Juzgado Penal de la zona, con base en la solicitud que haga la Fiscalía.