Hugo Solano C.. 29 julio

(Video) OIJ investiga si explosivo detonado cerca de Canal 7 se relaciona con casos recientes

Además de un extinguidor usado como explosivo, oficiales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) hallaron en el parque metropolitano La Sabana ropas que podrían pertenecer a los tres sujetos que colocaron el artefacto el sábado a las 11:30 p. m., frente a Canal 7.

Según el director de la Policía Judicial, Wálter Espinoza, es claro que las personas que perpetraron este ataque tuvieron una planeación previa para conseguir objetos y que hubo una toma de decisiones.

“Se requiere un conocimiento, aunque sea básico, de cómo funcionan y se activan este tipo de aparatos. Eso significa que las personas que están realizando este tipo de actividades no lo hacen de manera espontánea. No obedece a una circunstancia casual, sino que ya hay más pensamiento y más determinación y planeación, así como aspectos motivacionales que el Organismo tendrá que establecer”, aseveró el jerarca.

Una vez que se tenga el informe, se trasladará el caso al Ministerio Público.

Entre las primeras acciones policiales figuran el análisis del video que captó la detonación que dañó vidrieras del edificio de Televisora de Costa Rica, así como de los indicios recolectados en el sitio del incidente.

El aparato usado fue un extintor de incendios similar al que portan los automóviles, al cual se le instalaron unas pilas cuadradas y una especie de temporizador. Esto permitió a los perpetradores retirarse del lugar sin sufrir daños.

Al sitio de la explosión llegaron oficiales de la Unidad Especial de Intervención (UEI) del Poder Ejecutivo, así como oficiales del OIJ.

 La explosión reventó un vidrio y desprendió algunas lámparas del edificio de Canal 7, en Sabana oeste, San José. Foto: Agencia Ojo por Ojo
La explosión reventó un vidrio y desprendió algunas lámparas del edificio de Canal 7, en Sabana oeste, San José. Foto: Agencia Ojo por Ojo
Posible vínculo

El director del OIJ no descarta que exista relación entre el incidente del sábado y la colocación de otro artefacto explosivo, el pasado 26 de junio, en la oficina de la diputada Zoila Volio, del Partido Integración Nacional (PIN).

Aquella vez, las cámaras también captaron a tres personas y el método de actuación fue similar, aunque en este segundo caso hubo más sofisticación.

“Eso significa que podrían haber vasos de comunicación, podrían haber contactos o algún tipo de relación cuyo establecimiento dependerá de lo que se investigue en las siguientes horas o en los próximos días", expresó Espinoza.

Por ahora, se va a reconstruir el aparato colocado frente a la televisora, se buscarán huellas, testigos y más videos de seguridad, para un mejor análisis.

En ese sentido, Espinoza urgió a la ciudadanía a llamar a la línea confidencial del OIJ, 800-8000-645, para que aporten datos.

Sostuvo que ese tipo de acontecimientos no se pueden dejar pasar, porque ponen en peligro la democracia, la tranquilidad y el orden público del país.

Pidió a la sociedad civil involucrarse para defender la institucionalidad y el modo de vida que nuestro país ha preservado por décadas.

Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, Michael Soto, tampoco descarta una posible relación con el reciente ataque en la Asamblea Legislativa.

“Preliminarmente, no tengo elementos para decir que es lo mismo, pero no lo puedo descartar", refirió.

Soto manifestó que el explosivo encontrado en la Asamblea Legislativa ya fue analizado y que podrían buscarse algunas similitudes con el detonado en Canal 7.

“Me parece que es diferente por el tipo, por usar el extintor; pero eso solo lo podrán decir los técnicos del OIJ”, añadió.

Penas de cárcel

El abogado penalista Daniel Vega indicó que, de acuerdo con el artículo 246 del Código Penal, los sujetos que colocaron la bomba en Sabana oeste se exponen a penas de hasta 15 años de prisión.

Afirmó que, dependiendo del resultado de la investigación, se pddría procesar a los responsables por el artículo llamado Incendio o Explosión, que inicialmente fija penas de entre cinco y 10 años de cárcel.

Sin embargo, dicho castigo podría elevarse a 15 años si hubiere peligro de muerte para alguna persona, por lo que en este caso habrá que determinar si algún guarda, peatón o conductor estuvo expuesto.

“Este es uno de los pocos artículos híbridos o mixtos del Código Penal, es decir no se necesita tener un resultado tangible para procesar a las personas, pues se trata de esos delitos de peligro abstracto, como sucede en otros como la portación ilegal de armas o la conducción temeraria”, aseveró Vega.

Sostuvo que en este caso es claro que, pese a que la bomba no causó daños a nadie, se trata de un delito, pues se puso en peligro a las personas.

El artículo 246 dice: “Será reprimido con prisión de cinco a diez años el que, mediante incendio o explosión, creare un peligro común para las personas o los bienes”.

La Fiscalía de Pavas informó este lunes de que no ha recibido ninguna denuncia por el caso del explosivo, pues el OIJ aún tiene el caso en investigación.

Lo mismo sucede con el caso de la bomba que detonada en ventana de la oficina de la diputada Zoila Volio, pues no se ha podido dar con los responsables.

Video con amenazas

El único hecho reciente de incitación a la violencia que ya tiene detenidos es el caso de un video grabado por el autodenominado Frente Patriota 7 de Julio, integrado por un grupo de encapuchados que amenazó al presidente de la República, Carlos Alvarado, a inicios de junio.

Por ese caso se procesó por motín y se dictó prisión preventiva contra tres sujetos identificados como Alvaro Sequeira Mendiola, su hijastro Jeffry Fernández Ramírez y Minor Masís Artavia.

Ellos fueron capturados en el cruce de Río Frío, Pococí, el 12 de julio. En el caso de Masís, capturado el 13 de julio, se le atribuye el mismo ilícito en grado de complicidad.

La medida cautelar fue acogida por el Juzgado Penal de San Carlos, desde el 14 de julio anterior, sin embargo el próximo miércoles se realizará la audiencia de apelación de medidas cautelares.

Lo anterior luego de una solicitud realizada por la defensa de los tres imputados.

El caso se mantiene en investigación y de momento no se ha identificado a ninguna de las otras 12 personas relacionadas con el video.

Colaboró la periodista Rebeca Madrigal.