Quircot. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) desplegó este martes por la mañana siete allanamientos simultáneos para detener a los sospechosos de la explosión de un artefacto al frente de las instalaciones de Teletica, en julio anterior.
A ellos también se les vincula con la colocación de una bomba molotov en la oficina de la diputada Zoila Rosa Volio, en la Asamblea Legislativa, un mes antes.
Una de las diligencias se realizó en San Rafael de Quircot de Cartago a las 6 a. m. donde se capturó a un abogado identificado como Miguel Alejandro Gutiérrez Pizarro, señalado como el cabecilla del grupo responsable de las detonaciones.
Los otros allanamientos, donde también participan agentes de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) y de la Unidad Especial de Intervención (UEI), fueron en Concepción de Alajuelita, Miravalles de Pérez Zeledón y Guadalupe de Goicoechea, San José, así como en Palmar Norte y Río Claro de Golfito, Puntarenas.
El resto de capturados fueron identificados por Wálter Espinoza, director del OIJ, como Manfred Sandoval Alvarado, alias Macuá; Tobby Rafael Borbón Navarro, Tobby; Luis Diego Navarro Naranjo, alias Diego; Jerry Humberto Calderón Navarro, Jerry y Álvaro Ureña Wong, alias Wong; así como una mujer: Aida Patricia de los Ángeles Fernández Castro.
Esta última es una educadora a quien se le atribuye la divulgación de audios con amenazas en contra del presidente de la República y medios de comunicación.
Según Wálter Espinoza, director de la Policía, en las viviendas de algunos de los sospechosos se encontraron extintores, una bomba de turno, pólvora negra y nitrato de potasio y un temporizador para hacer explotar los dispositivos. La mayoría de estos artefactos se utilizan para confeccionar explosivos artesanales.
“De acuerdo con la investigación, en la casa de Calderón Navarro era donde se producían los aparatos explosivos. Tanto así que el 14 de setiembre, Borbón Navarro había visitado la vivienda y la actividad de vigilancia que hicimos nos hizo concluir que es sumamente probable que de ahí se obtuvieran materiales explosivos predispuestos para utilizarse en un evento patriótico del 15 de setiembre en Parque Nacional de San José”, explicó Espinoza.
En tanto, la fiscala general, Emilia Navas, explicó que cinco de los sospechosos serán procesados por el delito de incendio o explosión, donde la pena oscila entre cinco y 10 años de cárcel. Además, si se confirma que fue incendio agravado, la condena se eleva hasta 20 años.
También indicó que uno de ellos será investigado por fabricación de explosivos, delito que se castiga con prisión de cuatro a ocho años.
Por último, la educadora enfrentará un proceso por el delito de apoyo y servicios para el terrorismo, que se pena con hasta 10 años de cárcel.
Navas dijo que los detenidos serán indagados en la Fiscalía Contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, desde donde se pondrán a la orden del Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial de San José.
Añadió que están valorando pedir medidas cautelares, pero no se sabe de qué tipo porque deben analizar las evidencias recabadas en los sitios allanados.
Por su parte, Eduardo Trejos, director de la DIS, manifestó que este proceso es requerido para “tener garantías de la institucionalidad democrática del país”.
Afinidad ideológica
Wálter Espinoza manifestó que durante la investigación se comprobó que el grupo desarticulado este martes tiene una afinidad ideológica orientada a “provocar la desestabilización del gobierno de turno, sin existir una dirección hacia un partido político particular”.
Asimismo, destacó que ellos lograron establecer quiénes participaron en cada evento, así como identificar a Gutiérrez y a Ureña, ambos dedicados a labores de transporte informal y formal, como los intelectuales de la organización.
Los otros detenidos son jornaleros, técnicos en refrigeración y transportistas.
“Esta idea surge como consecuencia de la visión y el pensamiento del abogado de apellido Gutiérrez, dedicado al transporte privado, a quien le encontramos libros y escritos relacionados con el tema.
"Junto con Ureña Wong, era el centro de actividad y consulta del resto de los sujetos, quienes se encargaban de producir bombas, conseguir pólvora y colocarlas en lugares para producir daño y generar inestabilidad”, aseguró el jerarca del OIJ.
En tanto a la maestra, apellidada Fernández, indicó que a ella se le tiene identificada por manifestar, amenazar y ser agresiva en redes sociales, sin participar en otros hechos.
Sin embargo, detalló que hay algunos vínculos de comunicación en un chat entre estas personas, el cual podría definir el tipo de contacto que tenían.
Asimismo, precisó que el avance de la investigación les permitirá definir roles, papeles y jerarquías de los detenidos.
Eduardo Trejos detalló que a Gutiérrez se le abrió un expediente básico por señalamiento de amenaza menor en redes sociales en el año 2015, pero hasta ahora es sujeto de investigación.
El director de la Policía Judicial también descartó una relación entre esta agrupación, que constantemente cambiaba de nombre, y el comando Frente Patriota 7 de julio.
Algunas de las denominaciones de la organización fueron Terroristas criollos, Terroristas Patriotas y Resistencia Costarricense.
Antecedentes
Los hechos que provocaron las detenciones ocurrieron el 26 de junio y el 27 de julio en la Asamblea Legislativa y en Televisora de Costa Rica (Teletica), respectivamente.
En el primero de los casos, los videos de seguridad permiten señalar que tres individuos colocaron, a eso de la 1:30 a. m. un artefacto explosivo en la ventana de la diputada Zoila Rosa Volio, del Partido Integración Nacional (PIN).
La bomba tipo molotov destruyó los cristales y provocó daños menores en el despacho. En aquel momento la legisladora aseguró que ya había recibido amenazas en al menos dos ocasiones, pero no se atrevió a vincularlas con el ataque. Tampoco lo descartó.
En el caso de Teletica, también se puede apreciar en los videos cuando tres sujetos colocaron un extintor lleno de pólvora negra cerca de un ventanal de la televisora.
Dicho artefacto fue detonado a las 11:30 p. m. cuando los sospechosos estaban a una distancia, de al menos, 50 metros, según dijeron investigadores en aquel momento a La Nación.
Eso les permitió conocer en qué momento hacerlo explotar sin generar consecuencias graves, como lesiones o hasta la muerte de alguna persona.
Según los agentes judiciales, la intención de estos sujetos era la de lanzar una advertencia, no así perjudicar a alguien.
El artefacto lo fabricaron en un extintor de incendios vacío.
En Internet hay páginas que explican cómo fabricar bombas de ese tipo. Allí se especifica que se necesita el contenedor (el extintor), detonadores, pólvora, un temporizador analógico, una fuente de poder (baterías) y cables eléctricos.
Sin embargo, el recipiente utilizado en este caso solo tenía pólvora negra, que no es fácil de conseguir en el país, pues aquí no hay fábricas, pero la importan ilegalmente de otros países centroamericanos.
Producto de la explosión de aquel día se reventó un ventanal de Teletica, según confirmó el propio medio de comunicación en su página de Internet.
La situación generó repudio de varias personas, entre estas directores de medios y políticos.
Video del día siguiente
El 4 de setiembre anterior, el OIJ pidió la colaboración de la ciudadanía para identificar a un sujeto que estaría ligado a la explosión.
La Policía Judicial difundió un video, grabado un día después de la explosión, en el que se ve a un sujeto caminar hacia las instalaciones de ese medio de comunicación. Una vez que está al frente, se acercó a un poste de alumbrado público, amarró unas flores con un pañuelo al poste, les colocó una gorra blanca y se retiró del sitio.
El sitio donde el sospechoso colocó los artículos es el mismo lugar donde otros tres sujetos colocaron y detonaron el explosivo.
Audios amenazantes
El mismo domingo en el que trascendió la explosión frente a Teletica se divulgaron en WhatsApp una serie de audios con amenazas de muerte contra el presidente Carlos Alvarado Quesada y ataques a medios de comunicación.
Por ejemplo, en el segundo audio se escucha a una voz femenina que asevera que hay que dispararle al Presidente. "Este hijue... hay que pegarle un balazo en la cabeza. Exactamente, por lo menos con un ojo morado lo hubieran mandado para Casa Presidencial”.
Desde aquel momento, la mujer se identificó como una maestra de quinto grado y con 22 años de experiencia en educación.
El 29 de julio, el Ministerio de Educación confirmó que la educadora fue reubicada en labores administrativas y, además, se le abrió una investigación interna.
“Con firmeza manifestamos nuestro repudio a toda forma de discriminación o llamado a la violencia. La labor del sistema educativo es formar de manera integral sobre el resguardo a la vida, a la institucionalidad y la democracia, en un marco de inclusión, y en esa dirección apunta el trabajo desde las sedes administrativas, las direcciones regionales y los centros educativos”, dijo en aquel momento la ministra Guiselle Cruz.