Katherine Chaves R..   14 junio
El OIJ detuvo a las 7:20 a. m. de este jueves en el edificio central del Ministerio de Seguridad, en barrio Córdoba, San José. Foto: Cortesía
El OIJ detuvo a las 7:20 a. m. de este jueves en el edificio central del Ministerio de Seguridad, en barrio Córdoba, San José. Foto: Cortesía

Ocho policías fueron aprehendidos la mañana de este jueves luego de que fueran denunciados por abuso de autoridad, allanamiento ilegal e incumplimiento de deberes.

Según confirmó Seguridad Pública, las detenciones las realizó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) a las 7:20 a. m. en la sede central del Ministerio, en San José.

La Fiscalía, por su parte, precisó que los capturados son de apellidos Anchía Céspedes y Aponte Quirós, quienes son el jefe y oficial superior de la Unidad de Intervención Policial; y el comandante de la Unidad Especializada de Seguridad y Protección, de apellidos Monestel Navarro.

A ellos se suman los oficiales apellidados Cortés Matarrita, Acuña Carvajal, Mantus Reyes, Cascante Amador y Rodríguez Guzmán.

El Organismo de Investigación Judicial agregó que falta un oficial por detener.

De momento, se les tomará la declaración indagatoria y, posteriormente, el Ministerio Público solicitará ante el Juzgado Penal de la zona que se les suspenda del cargo, como medida cautelar.

Daniel Calderón, director de la Fuerza Pública, aseguró que ellos colaboraron con las detenciones, pero que no se referirán al tema para no "entorpecer" las investigaciones judiciales.

Las denuncias

De acuerdo con la Fiscalía, el primer hecho ocurrió la noche del 11 de mayo del 2017 en Torremolinos de Desamparados, San José.

Según la denuncia recibida, los oficiales Monestel, Mantus, Cascante y Rodríguez supuestamente ingresaron a una vivienda sin autorización. Para entrar, al parecer, forzaron un cerrojo.

Luego, añade la queja, los policías inmovilizaron a las personas que estaban en la casa y registraron los aposentos.

El segundo hecho se presentó el 8 de octubre en la Ciudadela 25 de julio, en Hatillo, San José.

Ahí, los imputados, de apellidos Aponte, Anchía, Cortés y Acuña presuntamente se presentaron con un contingente policial e ingresaron a varias casas y las registraron.

La denuncia añade que en algunas propiedades forzaron la entrada.

Ese día, se llevaron detenidas a cuatro personas, a quienes se sospecha que agredieron, concluyó la Fiscalía.

El OIJ detuvo a las 7:20 a. m. de este jueves en el edificio central del Ministerio de Seguridad, en barrio Córdoba, San José. Foto: Cortesía
El OIJ detuvo a las 7:20 a. m. de este jueves en el edificio central del Ministerio de Seguridad, en barrio Córdoba, San José. Foto: Cortesía
Otra ola de detenciones

En noviembre del año pasado, otro caso similar ocurrió, pero esa vez, las detenciones fueron en Limón.

En aquel momento, el OIJ y Fiscalía detuvieron a 31 oficiales de la Fuerza Pública como sospechosos de realizar allanamientos ilegales, cometer robos agravados y privar de libertad a algunas personas entre enero y junio de ese año.

Las aprehensiones las hicieron agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en la comandancia de la Fuerza Pública de Limón centro, adonde el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) citó a los investigados.

Ellos estaban destacados en Limón desde finales del 2016 para combatir la ola de homicidios relacionados con el narco que aquejó a la zona; entre ellos, el ataque a balazos en la playa de Cieneguita que dejó cinco personas fallecidas, incluidos un niño y una adolescente, en octubre de ese año.

Se intentó conocer cuáles medidas cautelares les fueron impuestas, pero, al cierre de edición, la Fiscalía no respondió a la solicitud.

¿A qué se exponen?

De acuerdo con el artículo 331 del Código Penal, incurre en abuso de autoridad el funcionario público que "abusando de su cargo, ordenare o cometiere cualquier acto arbitrario en perjuicio de los derechos de alguien". Se castiga con prisión de tres meses a dos años.

Entre tanto, comete el delito de incumplimiento de deberes, el funcionario que "ilegalmente omita, rehúse hacer o retarde algún acto propio de su función. El artículo 332 reprime esa conducta con inhabilitación para la función pública por un periodo de uno a cuatro años.

Finalmente, el allanamiento ilegal lo comete "el agente de la autoridad o funcionario público que allane un domicilio sin cumplir con las formalidades que establece la ley". La pena es de seis meses a tres años de prisión e inhabilitación para cargos públicos por un plazo de uno a cuatro años.