Eillyn Jiménez B..   10 mayo
Los daños ambientales son considerables, según el ministro de Ambiente. Foto: Albert Marín

Cutris, San Carlos. Cilindros de gas lacrimógeno dentro de pequeñas lagunas de agua sucia, terrenos visiblemente desgastados donde las huellas dejan al descubierto la presencia reciente de personas, oficiales camuflados entre los matorrales y pedazos de covachas en un trayecto de dos kilómetros son tan solo un reflejo de la problemática que afecta la finca Vivoyet, en Crucitas de Cutris, San Carlos.

En ese terreno, de 805 hectáreas, cientos de coligalleros encontraron un lucrativo negocio que obligó a las autoridades a redoblar esfuerzos en los últimos meses para proteger la zona y evitar la explotación ilegal de metales.

Precisamente, como parte de estas acciones para evitar la extracción de oro, el daño al ambiente, los robos y las invasiones, el Gobierno prometió este jueves mano dura contra los grupos de oreros, e implementar un abordaje integral que disminuya la problemática.

"Jugaremos al gato y al ratón, como le corresponde a Seguridad. Buscaremos, procesaremos y coordinaremos con Fiscalía las veces que sean necesarias".

Así lo garantizó Michael Soto, nuevo ministro de Seguridad Pública, luego de una inspección que realizó junto con el jerarca de Ambiente y Energía, Carlos Rodríguez, en la misma propiedad donde la trasnacional canadiense Infinito Gold fracasó hace unos años en su intento por desarrollar un proyecto de minero a cielo abierto.

Soto aseguró que en la atención de los problemas en la zona privará la vida humana, siempre y cuando se respete a la autoridad. "Así como hay que velar por la vida, también se debe respetarse el uniforme”.

Destacó que la situación está mas controlada ahora que el año pasado, cuando comenzaron los operativos. En aquel momento se detectaron hasta 4.000 personas en los alrededores de la finca y actualmente los policías de Fronteras y Fuerza Pública han visto entre 50 y 100 personas.

"Vamos a reforzar personal para garantizar que la presencia de estas personas disminuya y ellos (los policías) van a seguir estando hasta que sea necesario. Ojalá pronto la problemática desaparezca. Nos estamos tomando el problema con seriedad", explicó el jefe de Seguridad Pública.

El jerarca sostuvo que el 95% de oreros son nicaragüenses, pero dijo que lejos de ser un tema de nacionalidad, el problema es social, por lo que tanto él como Rodríguez coincidieron en la necesidad de realizar un trabajo coordinado con otras entidades.

"La idea de venir acá y ver las cosas de primera mano, es hacer un diagnóstico y presentarlo en Consejo de Gobierno, para hacer un abordaje integral basados en los planes que existen y pueden alimentarse (...). Los problemas criminales del país no se van a solucionar de otra forma que no sean abordajes integrales", detalló el ministro de Seguridad.

Soto hizo todas estas manifestaciones muy cerca del lugar donde el pasado 20 de abril un grupo de oreros provocó un incendio y dañó 15 propiedades privadas.

Petición en análisis

Durante la visita a la finca Vivoyet, las fuerzas vivas de las comunidades cercanas pidieron al Gobierno comprar la propiedad y desarrollar un proyecto, ya sea turístico o policial.

Un campo de entrenamiento de oficiales del Ministerio de Seguridad, un parque geológico o el alquiler a una institución gubernamental fueron parte de las iniciativas planteadas por varios representantes regionales, como Heidy Murillo Quesada, vicepresidenta de la Federación Conservacionista de Costa Rica (Fecon).

Los ministros de Seguridad, Michael Soto, y de Ambiente, Carlos Rodríguez, visitaron la zona de Crucitas. Foto: Albert Marín

Carlos Rodríguez, ministro de Ambiente y Energía, mencionó que la idea es buena, pero que actualmente no existen recursos para hacer la compra.

"Es una opción, pero no la vemos a corto plazo, podría ser a mediano o largo plazo, pero tenemos una serie de limitaciones financieras para poder comprar la propiedad", aseveró Rodríguez.

El jerarca destacó que hay opciones de desarrollo, sin depender de una actividad minera que genera repercusiones ambientales.

"Si hubiéramos tenido la mina (de Infinito Gold) el daño ambiental sería 100 o 200 veces más alto que el que tenemos ahora (...). Tenemos bastante información de costos, beneficios y oportunidades fomentando un modelo sostenible y verde", manifestó.

A pesar de que el daño ambiental es evidente y preocupante, por el uso de mercurio para extraer el oro, Rodríguez fue enfático al decir que la situación está bajo control y, mientras siga así, los ecosistemas se irán restaurando naturalmente.

"La naturaleza es magnífica en su restauración, en algún momento la cobertura vegetal podrá tapar el área expuesta y formar un bosque de tamaño mediano (...). Con un voluntariado se aceleraría ese proceso", precisó.

No obstante, expresó que cuantificar las consecuencias en los ecosistemas de agua dulce de la zona es complicado y que para eso requieren del apoyo técnico de otras instituciones.

Rodríguez destacó que si bien se está controlando el problema en Crucitas, han detectado que los oreros están migrando a otras partes del país para realizar la misma actividad.

Prefirió no ahondar en los sitios, pero dijo que confían en controlar los hechos.

Las autoridades reforzarán las acciones para combatir la problemática de los coligalleros. Foto: Albert Marín
Proyecto frustrado

El proyecto minero Crucitas se inició en 1993 con una serie de estudios técnicos. Se determinó que los dos cerros ubicados dentro de la finca Vivoyet podían darle a la canadiense Infinito Gold entre 800.000 y 1,2 millones onzas de oro.

Sin embargo, la cancelación de la concesión minera, luego de sentencias judiciales en el 2010 y el 2011, puso un candado legal a la extracción de oro de los cerros ubicados a cuatro kilómetros al sur del río San Juan, en el límite con Nicaragua.

Por este asunto también se originó un juicio penal en el cual se condenó a Roberto Dobles Mora, ministro de Ambiente y Energía en la administración Arias (2006-2010), a tres años de prisión por el delito de prevaricato, al firmar el decreto que declaró de "interés público" el proyecto minero Crucitas.

Las autoridades en diversas ocasiones han intervenido, pero los coligalleros ilegales vuelven a ingresar días después.

Por ejemplo, el viernes 20 de abril en la noche, vecinos de Crucitas de Cutris, San Carlos, denunciaron las amenazas de una turba de unos 300 oreros, lo cual motivó la intervención policial. Este conflicto terminó con un muerto, varios heridos y la destrucción del puesto policial y 15 viviendas.

Los oficiales encontraron la turba armada con machetes, palos, bombas molotov y hasta con armas de fuego.

Los ministros de Seguridad, Michael Soto y de Ambiente, Carlos Rodríguez; visitaron la zona de Crucitas para constatar el daño ambiental producto de la extracción artesanal de oro. Foto: Albert Marín.
Los jerarcas apuestan a un abordaje integral para combatir la problemática. Foto: Albert Marín

Información actualizada a las 6:19 p. m. con más datos.