El ministro de Seguridad Pública, Celso Gamboa, presentó un proyecto de ley para que el carné de portación de armas y la licencia para ser vigilante privado sean pagados por el usuario.
Actualmente, la Ley de Armas y Explosivos y la Ley de Regulación de Servicios de Seguridad Privados establecen que es responsabilidad del Estado extender esas credenciales para matricular y portar armas y para ejercer labores de vigilancia.
Con la plataforma virtual Controlpas, el Gobierno paga $40 (¢21.600) por cada documento, lo que representa un promedio de ¢740 millones anuales.
Al exponer el expediente 19.281, Gamboa explicó que, por ejemplo, un guarda requiere dos permisos: uno para trabajar y otro para portar el arma, lo que cuesta entre $80 y $100 con una vigencia de dos años. Cumplido ese tiempo, debe pagar otra vez cada monto.
“La emisión de los carnés representa una carga pesada en el presupuesto del Ministerio, por lo que se ha estimado oportuno, conveniente y necesario, que el costo de credenciales sea asumido por el usuario”, dijo Gamboa.
El proyecto fue avalado por el presidente de la República, Luis Guillermo Solís y, tras su presentación, en agosto, quedó en estudio de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Congreso.
Mauricio Alvarado, de la Asociación Pro Defensa Civil, comentó: “Uno estaría de acuerdo en que se incrementen los costos si el servicio es más transparente y eficiente, pero es mucho más largo y los datos se ingresan a una caja negra donde no se sabe qué va a pasar y se rechazan o suspenden sin justificación transcurridos dos o tres meses”, reclamó.