Carlos Arguedas C..   15 marzo
Oficiales del Ministerio de Seguridad Pública destruyó armas entregadas de manera voluntaria por varias empresas privadas. Foto: MSP.

Un total de 895 empresas de seguridad que están inactivas ocultan el paradero de 8.650 armas de fuego.

La denuncia lo hizo este viernes el ministro de Seguridad Pública, Michael Soto Rojas, según el cual, el destino de ese armamento es un misterio.

El dato se obtuvo luego de que en la última semana se realizó un operativo para tratar de ubicar 193 de esa 895 empresas.

“Se hizo en esa línea de función de supervisión que nos demanda el Estado, para evitar que armas de fuego que han sido inscritas por las empresas de seguridad terminen en manos de delincuencia o de terceras personas, y que posteriormente puedan causar homicidios o ser utilizadas par cometer diferentes delitos”, explicó el ministro.

Con ese fin, funcionarios de Seguridad Pública visitaron las casas de los supuestos apoderados legales o presidentes de las compañías, sin embargo, solo lograron ubicar a las personas vinculadas con 38 compañías.

La escogencia de las 193 empresas se hizo porque eran las que más armas tenían inscritas. Algunas de ellas registraban hasta 300 armas como pistolas, revólveres y escopetas.

Roberto Méndez, jefe de Servicios de Seguridad Privada, dijo que solamente se recuperaron 48 armas, las cuales fueron devueltas de forma voluntaria y ahora serán destruidas.

Dijo la idea del operativo era ver el estado del armamento y sí estaban guardadas bajo medidas de seguridad adecuadas.

Sin embargo, según Méndez, cuando se le preguntó a los propietarios qué había pasado con el armamento se recibieron respuestas que describió como “frases célebres”.

Citó, por ejemplo, que una mujer les dijo: “Mi esposo murió. La empresa cerró y los agentes se dejaron las armas y no lo denuncié por no considerarlo oportuno”.

En otro caso, el dueño de la firma les dijo: “Sinceramente desconozco el paradero de esas armas (eran 169). No sé que se hicieron".

El jefe de Servicios de Seguridad Privada explicó que el rastreo de estos equipos se inició desde el año 2016. En aquel entonces se habían denunciado 284 empresas ante el Ministerio Público, con la finalidad de que explicaran el destino de las armas.

Para él, el problema es que la legislación actual no prevé ninguna sanción para las empresas de seguridad privada que oculten el destino de los equipos. “Solo logramos que el Juzgado de Contravenciones de Alajuelita multara a una empresa disuelta con ¢100.000”, manifestó.

Michael Soto por su parte, hizo un llamado a los dueños de las empresas de seguridad disueltas “para que se acerquen al Ministerio y muestren el inventario de esas armas".

El resultado de este operativo lo dio a conocer Seguridad Pública en momentos en que en la la Comisión de Narcotráfico y Seguridad de la Asamblea Legislativa se tramita un reforma a la Ley de Armas y Explosivos, en expediente 20.509.

Uno de los puntos de mayor discordia es la cantidad de armas que se permitirá inscribir por persona, pues Seguridad impulsa que sea solo una, mientras que otros sectores promueven que se mantenga en tres, como está en la legislación actual.