La Policía Profesional de Migración (PPM) detalló que a la red de 42 sospechosos de coyotaje, desarticulada este martes en tres provincias del país, se le decomisaron $12.222 y ¢3,3 millones, así como seis carros, dos armas de fuego y 16 pasaportes.

También tenían en su poder una cantidad no especificada de municiones, pues el conteo general no había concluido este miércoles.

Ese grupo se le procesa por recibir, recoger, captar y hasta ocultar a personas asiáticas, africanas y cubanas, que ingresaron a nuestro país provenientes de Panamá.

En año y medio se estima que habrían movilizado de manera ilegal a unos 250 migrantes.

Esas personas pagaban a la organización criminal montos que oscilan entre los $7.500 y $20.000 por la travesía que los acercaba a Estados Unidos, dice un comunicado del Ministerio Público.

Este miércoles la Fiscalía Adjunta de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes solicitó al Juzgado Penal de Liberia medidas cautelares contra 11 de las personas detenidas.

A las otras 31 personas detenidas solo se les tomó la declaración indagatoria.

Tras analizar de manera individual la situación de cada uno se determinó que esos 31 sospechosos podrán enfrentar el proceso penal sin requerir el cumplimiento de medidas cautelares, al tener un menor grado de participación en los hechos investigados y mayores arraigos procesales establecidos en la ley, informó la Fiscalía.

Mujeres lideraban

Una mujer de apellidos Ruiz Umaña, comerciante de 35 años, vecina de Laurel de Corredores y madre de dos menores, así como otra de apellidos Bejarano Morales, lideraban el tráfico de personas en la zona sur.

Al recibirlos en la zona fronteriza con Panamá, los trasladaban en vehículos de transporte público a casas de seguridad, para luego movilizarlos hacia Guanacaste.

Entre los detenidos en los allanamientos de La Cruz, Guanacaste, están una nicaragüense de apellidos López Martínez, quien era la líder general, conocida como Mamá África, así como dos ticos que eran su mano derecha, de apellidos Hernández Salgado (conocido como Tamuga) y Murillo Salgado (funcionario del Ministerio de Salud).

Los tres coordinaban las salidas de los migrantes según el pago que realizaran, a través de diferentes rutas saliendo de Puerto Soley o playa Morro, en La Cruz de Guanacaste, hasta llegar a Honduras; y también por vía terrestre hasta Guatemala, donde eran entregados a miembros de la organización que operan en esos países.

De acuerdo con el último Reporte de Situación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) entre el 2015 y el 2018 unos 20.000 africanos cruzaron nuestro país hacia norteamérica.

“Esto resultó más evidente en noviembre del 2015, después de la aplicación de una política en Nicaragua, de cierre de fronteras, en la cual se evidenció la permanencia en el país de nacionales de Somalia, Etiopía e incluso del continente asiático”, dice el informe.

No hubo trata

Stephen Madden, director de la PPM, afirmó que en año y medio que duró el proceso de investigación verificaron el modo de operar, la estructura y las rutas, pero no se pudo determinar que junto al tráfico ilícito de migrantes se diera el delito de trata de personas.

"No se comprobó que hubiese explotación sexual o laboral de los migrantes o que hubiesen traído a alguno mediante engaño. Lo que sí se determinó fue el pago consentido mediante una especie de contrato, para que los trasladasen desde un país a otro”, dijo.

Madden afirmó que posiblemente el tráfico de migrantes es una etapa previa a la trata de personas, porque a lo largo del trayecto quienes se movilizan van disminuyendo sus capacidades de salud y eso los deja en condiciones vulnerables.

Lo anterior porque a la hora de cruzar fronteras pasan ríos y afrontan climas hostiles que van disminuyendo sus capacidades físicas y, en algunos casos, pueden terminar como víctimas de trata.

Afirmó que durante la investigación se determinó que el estado de salud de varios migrantes estaba muy deteriorado.

“En el tema de las migraciones y por cumplir el mal llamado sueño americano, viajan familias con menores de edad, así como personas solas”, dijo.

Faltan al menos tres personas por detener y la información sigue abierta pues, al ser una estructura tan amplia, no se descarta que haya otros involucrados.

La Fiscalía mantiene la investigación bajo el expediente 18-000002-1321-PE.

Las 11 personas que se exponen a medidas cautelares son:

• Hernández Salgado
• López Martínez (líder, conocida como Mamá África)
• Obando Aguilar
• Calderón Ruiz (mujer)
• Calderón Espinoza
• Bejarano Morales (mujer)
• Camacho Espinoza
• Ruiz Umaña (mujer)
• González Carvajal
• Rugama Guevara
• Murillo Salgado (funcionario público)

Parte de lo decomisado en los 36 allanamientos

• $12.222
• ¢ 3.342.000
• 6 carros
• Dos armas calibre 22 mm.
• Municiones de arma calibre 38
• 16 pasaportes (14 de Camerún, 1 de Ghana y 1 de México)
• Computadoras
• Celulares
• Comprobantes bancarios
• Billetes de Cuba, Venezuela y Colombia