Seguridad

Licitación para monitoreo electrónico de reos enfrenta primeras objeciones

Contraloría declaró parcialmente con lugar reclamos de 11 posibles oferentes de tobilleras. Justicia deberá hacer aclaraciones o modificar el cartel

La Contraloría General de la República declaró parcialmente con lugar los reclamos de once posibles oferentes de tobilleras para monitoreo electrónico de reos.

Las objeciones se plantearon en contra de la licitación pública internacional 2021LI-000001-0006900001, abierta por el Ministerio de Justicia para el arrendamiento operativo, llave en mano, de una solución integral de mecanismos electrónicos alternativos al cumplimiento de la privación de libertad.

Entre otros reclamos declarados parcialmente con lugar, las firmas objetaron el peso de las tobilleras, la obligación de las empresas extranjeras de inscribirse en el Registro Nacional para obtener una cédula jurídica y el requisito de que los equipos cuenten con un certificado de homologación ante la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).

Por último, cuestionan que Justicia ofrezca hasta 15 puntos en la evaluación a aquellas empresas que ofrezcan un descuento en el precio adjudicado, según el volumen de reos monitoreados.

Empero, advierten que el contrato es por demanda y que, con el pasar del tiempo, la cifra de reos con tobillera podría incrementarse y eso variaría los costos fijos y variables.

Dichas objeciones fueron planteadas por las empresas Geotecnologías S. A., Empresa de Servicios Públicos de Heredia S. A. (actual responsable del monitoreo), SOIN Soluciones Integrales S. A., Asesores I.S.E. de Costa Rica S.A., Sáenz Fallas S. A., BUDDI Limited, Grupo Usión Tecnologías de Costa Rica S. A.

Se suman, Grupo Computación Modular Avanzada S. A., SPC Telecentinel S. A., Enersys MVA S. A. y Servicio de Monitoreo Electrónico Alfa S. A.

Cuando la Contraloría declara parcialmente con lugar un reclamo, significa que se identificaron aspectos que el Ministerio de Justicia y Paz tendrá que justificar con el respaldo necesario y, de ser necesario, hacer las correcciones al cartel.

También hubo objeciones declaradas sin lugar y, además, el recurso interpuesto por ADC Movil CRI S. A. fue rechazado de plano por extemporáneo.

Ahora, con base en el artículo 180 del reglamento a la ley de contratación administrativa, Justicia está obligada, si corresponde, a realizar las enmiendas y publicarlas por los medios correspondientes.

“Si de las modificaciones efectuadas se derivare una variación sustancial del objeto, la Administración deberá ampliar el plazo de recepción de ofertas, para ajustarlo a los plazos mínimos señalados por este reglamento”, agrega la normativa.

Ya desde febrero pasado, la empresa SOIN cuestionó que el cartel pusiera un límite de peso para los dispositivos de 130 gramos cuando a nivel mundial se usan aparatos de hasta 280 gramos.

Para Mauricio Esquivel, apoderado general de SOIN, esta especificación no tiene sustento técnico, los estaría dejando fuera del concurso y beneficiaría a una sola empresa.

La compañía que maneja una tobillera con el peso que solicita Justicia en la nueva licitación es Buddi Limited, la cual es el socia comercial de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) y, por ende, el actual proveedor del monitoreo electrónico. El grillete de Buddi pesa 128 gramos.

Justicia aseguró, en aquel momento, que las especificaciones técnicas incluidas en la licitación sí están fundamentadas.

El sistema de monitoreo electrónico estuvo a punto de suspenderse en febrero, pues el Ministerio no tenía los recursos suficientes para mantenerlo activo y, ante la carencia de fondos, no podría ampliar el contrato de tobilleras.

Sin embargo, una rápida aprobación en el Congreso, de un presupuesto extraordinario, permitió extender el contrato hasta por 24 meses más. Para entonces, la licitación internacional debería estar adjudicada y lista para entrar en operación.

Hoy, unos 1.800 reos son monitoreados gracias a tobilleras electrónicas.

Vanessa Loaiza N.

Vanessa Loaiza N.

Editora de Sucesos. Trabaja en la Redacción de La Nación desde 1998. Se especializó en temas de Infraestructura, concesión de obra pública, contratación administrativa y Transportes.

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