El Instituto Nacional de Criminología (INC) permitió la salida de cuatro reos que presentan factores de riesgo frente a la pandemia de covid-19.
La medida la adoptó esa dependencia del Ministerio de Justicia como respuesta a lo dispuesto por varios Juzgados de Ejecución de Pena que, ante el hacinamiento en las prisiones, ordenaron que se evaluara de forma extraordinaria la condición de riesgo en que podrían estar una gran cantidad de personas que descuentan una pena por algún delito.
Según la información proporcionada por las autoridades de Justicia, los centros penales remitieron, la semana anterior, una lista de 31 privados de libertad, que por razones de salud podrían sufrir graves consecuencias en caso de ser infectados por esta enfermedad.
El INC estudió esta semana 24 casos y permitió este viernes la salida de cuatro, que pasan al llamado régimen semiinstitucional. Asimismo, se dispuso que un expediente fuese remitido a un Juzgado de Ejecución de la Pena (no precisaron cuál) para que se pronuncie.
En cuanto a los trasladados de régimen, se determinó que, en principio, esas personas permanecerán en sus hogares por tres meses, siempre y cuando cumplan con sus planes de atención técnica y no incurran en nuevas actividades delictivas.
“Todo el trabajo institucional y del país alrededor de esta pandemia ha generado una alta sensibilidad que trajo una afluencia de valoraciones desde los centros penales y de las unidades de atención.
"Esto ha generado un número importante de valoraciones técnicas que el Instituto Nacional de Criminología viene considerando”, dijo la directora del INC, Jenny Umaña.
La funcionaria agregó que el proceso ha sido meticuloso. “Seguimos trabajando fuertemente, abocados a este proceso con la seriedad, profesionalismo y responsabilidad que caracteriza el quehacer del Instituto Nacional del Criminología”, señaló.
Para aprobar el cambio de régimen se toma en cuenta no solo el criterio médico y del personal técnico de los centros penitenciarios, sino, además, una serie de valoraciones técnicas en las áreas jurídica, psicología, trabajo social, orientación, educación, procesos interdisciplinarios, comunicó Justicia.
Asimismo, se analizan informes aportados por la Policía Penitenciaria, que buscan determinar que la persona no represente un peligro para sí misma, ni para la sociedad.
La información oficial no precisó en cuál centro penal estaban los beneficiados, sus edades, ni qué delitos cometieron.
La petición para sacar a los reos con enfermedades crónicas la habían dado los jueces de ejecución de la pena desde el 8 de abril pasado.