El jefe de la Unidad de Monitoreo Electrónico del Ministerio de Justicia y Paz, Franklin Arguedas Chaves, renunció a su puesto en medio de la polémica desatada semanas atrás por las fallas en el sistema de tobilleras.

Así lo confirmó esa cartera, que detalló que el funcionario seguirá vinculado a la Unidad como psicólogo clínico y forense.

La salida de Arguedas también coincide con la apertura del proceso de licitación para la contratación de nuevos servicios de vigilancia electrónica, la cual se hizo el pasado viernes 18 de octubre.

Según Justicia, la salida se hará efectiva a partir del 31 de octubre de este año y de momento no se ha definido a la persona que le sustituirá.

“Él (Arguedas) consideró el cambio para ceder el espacio a una persona que pueda estar dedicada por completo a la dirección de los procesos y a la vigilancia del tema contractual”, aseguró el Ministerio en un comunicado de prensa.

El 10 de octubre pasado, en entrevista con La Nación, la ministra de Justicia, Marcia González, alabó las virtudes del funcionario.

" Es una persona que tiene importante trayectoria dentro del Sistema Penitenciario y que además es muy sólido técnicamente. Está haciendo frente a unidad incluso con un recargo. Es una persona de toda confianza tanto de director de Adaptación Social como de la subdirectora. Y soy respetuosa, ha venido a trabajar de forma seria. A diferencia de primer director, cumple con requisitos con ese puesto", aseveró en aquel momento.

Como parte de sus logros, Justicia le atribuye la implementación “en más de un 90%” de las mejoras a la Unidad de Monitoreo recomendadas por el consultor portugués Nuno Caiado.

El extranjero fue contratado por Justicia para que realizara un análisis sobre el funcionamiento del sistema. En el informe, que entregó a finales del 2018, Caiado criticó severamente la manera en cómo funciona la vigilancia.

Entre los señalamientos, el consultor aseguró que había escaso personal de control y de atención técnica, a lo que, aseguró Justicia, Franklin Arguedas le puso atención.

Según el Ministerio, él se dedicó a reforzar el personal técnico y policial de la Unidad de Monitoreo Electrónico, la cual según sus datos tiene 50 oficiales y 14 técnicos en la actualidad. Antes, tenía 10 y 4, respectivamente.

Problemática

Los problemas con el sistema de monitoreo electrónico comenzaron en junio pasado, cuando Justicia reveló que las tobilleras estaban agotadas.

Ante eso, la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), proveedora del servicio, respondió que pese a los atrasos de importación ajenos a su control, el Ministerio estaba atrasado en el pago de $1,5 millones por el servicio.

Los reclamos por la falta de dispositivos se repitieron en setiembre, cuando el país ya tenía más de 1.500 reos bajo monitoreo con tobillera.

El 16 de ese mismo mes, la ESPH aseguró que 600 personas que usan este dispositivo estaban desaparecidas puesto que dejaron descargar la batería y el rastro de algunos de ellos estaba perdido desde hace un año.

Aseguraron que eso denotaba deficiencias por parte de Justicia, encargada de darle seguimiento a los privados de libertad, cuando el sistema alerta que el dispositivo está apagado.

No obstante, esa cartera desmintió que el problema se diera porque la batería se descargó y más bien alegó que esto ocurría porque el aparato se quedaba sin señal para transmitir los datos al centro de monitoreo. Añadió que eran problemas técnicos que debía resolver la ESPH.

También indicaron que, pese a la falta de comunicación con el beneficiado, el monitoreo sí se realiza, puesto que los policías los llaman o visitan.

El reparto de acusaciones derivó en que tanto la jerarca de Justicia, Marcia González Aguiluz, como personal de la ESPH y jueces de ejecución de la pena tuvieran que dar explicaciones ante los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico en la Asamblea Legislativa.

Después de muchos dimes y diretes, tanto la ESPH y Justicia se sentaron a negociar el 8 de octubre, en una reunión que se realizó en el Ministerio de la Presidencia.

Allí, acordaron, entre otras cosas, crear una comisión que analice a qué se debe las fallas en el sistema.