Cada año los bancos y demás entidades financieras del país alertan a las autoridades sobre cientos de operaciones sospechosas de lavado de dinero. Sin embargo, muy pocas de esas alertan derivan en condenas.
El más reciente informe del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) determinó que de las 509 investigaciones financieras tramitadas ante la Fiscalía de Legitimación de Capitales en el 2017, ninguna llegó a juicio.
De hecho, por ese delito en ese año solo se lograron dos condenas contra nueve personas.
Frente a esta realidad es que para Guillermo Araya, director del ICD, es urgente la Ley de Extinción de Dominio, proyecto que hace fila para la agenda del plenario legislativa.
Solo con esa normativa, dice Araya, se podría fortalecer la desarticulación de grupos al golpear la estructura económica y financiera de la organización, que es lo que más repercute en los niveles de violencia.
“Eso desalentaría las luchas que surgen actualmente, por ejemplo cuando se captura a los líderes de bandas narcos que desde la cárcel siguen con el negocio o que los mandos subsiguientes que quedan libres luchen por el posicionamiento de la organización, ya que tienen el dinero ahí”, explicó.
La Ley de Extinción de dominio, añade, complementaría la sanción penal a las bandas delictivas de diversa índole, ya que el poder económico es lo que causa una gran diferencia en la estructura criminal.
Eso sí, exigen que no se limite la cantidad de delitos a los que se pueda aplicar, como lo propuso el informe de la comisión legislativa que conoció el plan, y que luego tuvo que retroceder en su intención.
En el 2017, el 99,1% de las condenas por infracciones a la Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo ( N.° 8204) fueron por narcotráfico y solo un 0,9% por legitimación de capitales.
Lo anterior evidencia que el Estado es más efectivo en el encarcelamiento que en la afectación efectiva de los recursos obtenidos por la actividad delictiva.
Incluso, muchas personas condenadas a prisión saben que cuando cumplan la totalidad de la pena, disfrutarán de las ilegales ganancias.
El documento indica que las diferentes manifestaciones del lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, disponen en Costa Rica de “tierra fértil” para su consolidación.
“Violentos indicadores de inequidad, detonantes de disconformidad social por carencia de empleo, de acceso a la educación y otras oportunidades constituyen un mercado atractivo para la instauración y proliferación de actividades criminales”, consigna el informe.
Añade que la lentitud en el trámite de proyectos de ley deja a nuestro país cada vez más debilitado en la construcción de propuestas que disminuyan la intensidad de las tendencias actuales.
Lenta la investigación
La Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales coincide con el informe del ICD, en el sentido de que La Ley de Extinción de Dominio fortalecerá la lucha contra ese delito, pero difiere en la posición de que nuestro país sea “tierra fértil” para el lavado de dólares.
Considera que “se han emitido las leyes que de acuerdo con los cánones internacionales blindan a un Estado de ser un país refugio y destino de bienes y valores de procedencia ilícita”.
Esa entidad recuerda que al promulgar la Ley N.° 9449 del 10 de mayo del 2017 (una reforma a la ley de psicotrópicos) se evitó que el país fuera parte de la lista de países catalogados como no cooperantes en temas de lavado y financiamiento de terrorismo.
En relación con las pocas sentencias condenatorias por lavado en el país la Fiscalía dice que las causas son muy variadas.
“Se trata de un delito de carácter transnacional, por ende se requiere echar mano a la cooperación judicial internacional para la recolección de pruebas”, explican.
La capacidad de respuesta y la política criminal que hubiese tenido el Ministerio Público y el OIJ en el pasado, así como la mora judicial para celebrar los juicios, también inciden en la lentitud de los procesos.
Para contrarrestar eso proponen integrar todas las fiscalías territoriales para combatir el fenómeno bajo la rectoría de la Fiscalía Especializada. También crear protocolos de investigación por tipología de lavado y articular a todas las instituciones involucradas para detectar los puntos frágiles.