La Policía Penitenciaria encontró en la cárcel de San Carlos nueve celulares, siete terminales para la recarga de los aparatos, cinco cables USB y dos manos libres en una revisión realizada este jueves.
El hallazgo se dio durante un recorrido rutinario perimetral de oficiales de seguridad de esa cárcel, a quienes les llamó la atención un movimiento de tierra a unos tres metros de la cerca, junto a un árbol de mango dentro de la propiedad de la cárcel.
Junto a los celulares, encontraron enterrada una bolsa con más de medio kilo de picadura de marihuana, droga que también estuvo a punto de llegar a la población penal.
Por ser una zona que transitan solo policías y algunos privados de libertad que van camino a la finca donde hay varios cultivos, las autoridades no descartan que algún funcionario del mismo Ministerio de Justicia estén facilitando el ingreso de esos celulares y drogas.
La introducción de aparatos telefónicos a los centros penales es, de acuerdo con la Policía Judicial, uno de los principales facilitadores de estafas, las cuales se han multiplicado en los últimos meses de forma indiscriminada.
Además de San Carlos, la semana pasada en otras requisas en la cárcel de San Sebastián y la de Limón, también se hallaron drogas, teléfonos celulares y armas punzocortantes.
“Muchos decomisos de droga surgen cuando personas llegan a entregar objetos autorizados como ropa, comida y ciertos medicamentos a los privados de libertad.
“En la revisión previa que debe hacer la Policía Penitenciaria se detecta que éstos vienen cargados con droga”, dijo el subdirector de ese cuerpo policial, Nils Ching Vargas.
Añadió que la autoridad policial también debe hacer frente a la creatividad de quienes intentan introducir sustancias ilícitas y objetos no permitidos a los centros penales.
Por ejemplo, el 7 de mayo pasado, en San Sebastián, se encontraron cinco gramos de marihuana en la parte trasera de unos zapatos tenis, así como 16 gramos de cocaína en envolturas ocultas dentro de rollos de papel higiénico.
Cuando se trata de drogas, las personas que llevan esos paquetes son pasadas a la Fiscalía para un proceso por el delito de introducción de drogas a un centro penal, pero cuando son celulares solo se les impide el ingreso a cualquier centro penal por periodos de seis meses a un año, pues no está tipificado como delito.
Cuando la persona que lleva la droga o los celulares es un policía o un funcionario de Justicia, se expone al despido y, según sea el caso, a una causa penal, dijo Ching.
Añadió que muchas personas están tras las rejas por esos delitos, tanto familiares y amigos de los reclusos, como policías y funcionarios de Justicia.
Hace casi dos años la Asamblea Legislativa aprobó el proyecto de bloqueo de señal celular en centros penales, pero aún no se ha concretado.