La Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos pidió seis meses de prisión preventiva contra una banda sospechosa de colocar un artefacto explosivo al frente de las instalaciones de Teletica, en julio anterior.

A ellos también se les vincula con la colocación de una bomba molotov en la oficina de la diputada Zoila Rosa Volio, en la Asamblea Legislativa, un mes antes.

De acuerdo con un comunicado de prensa enviado este miércoles por el Ministerio Público, la solicitud fue planteada ante el Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial de San José durante una audiencia que empezó a las 9 a. m. de este miércoles.

Sin embargo, ese órgano aún no ha tomado una decisión.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Fiscalía y la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) dieron a conocer este martes, después de los allanamientos para capturar a siete personas, que un abogado de apellidos Gutiérrez Pizarro sería el cabecilla de la agrupación.

A él se le investiga por los delitos de incendio o explosión, cuya pena carcelaria es de entre cinco y 20 años.

Ese mismo ilícito se le atribuye a dos primos apellidados Borbón Navarro y Navarro Naranjo, así como a otros sujetos de apellidos Sandoval Alvarado y Ureña Wong.

Un sexto sujeto, identificado como Calderón Navarro, figura como sospechoso de fabricación o tenencia de artefactos explosivos, hecho penado con entre cuatro y ocho años de prisión.

Finalmente, una educadora de apellidos Fernández Castro, a quien se le atribuye la divulgación de audios con amenazas en contra del presidente de la República y medios de comunicación, figura como sospechosa de apoyo y servicios para el terrorismo, delito castigado con entre seis y 10 años de cárcel.

Al grupo de hombres también se le vincula con la aparente fabricación de dos explosivos que pretendían ser colocados en la Asamblea Legislativa durante las pasadas fiestas patrias.

Las diligencias para capturar a estas siete personas se ejecutaron en San Rafael de Quircot de Cartago, Concepción de Alajuelita, Miravalles de Pérez Zeledón e Ipís y Guadalupe de Goicoechea, San José, así como en Palmar Norte y Río Claro de Golfito, Puntarenas.

Afinidad ideológica

Wálter Espinoza manifestó este martes que durante la investigación se comprobó que el grupo desarticulado tiene una afinidad ideológica orientada a “provocar la desestabilización del gobierno de turno, sin existir una dirección hacia un partido político particular”.

Asimismo, destacó que ellos lograron establecer quiénes participaron en cada evento, así como identificar a Gutiérrez y a Ureña, ambos dedicados a labores de transporte informal y formal, como los intelectuales de la organización.

Los otros detenidos son jornaleros, técnicos en refrigeración y transportistas.

“Esta idea surge como consecuencia de la visión y el pensamiento del abogado de apellido Gutiérrez, dedicado al transporte privado, a quien le encontramos libros y escritos relacionados con el tema.

"Junto con Ureña Wong, era el centro de actividad y consulta del resto de los sujetos, quienes se encargaban de producir bombas, conseguir pólvora y colocarlas en lugares para producir daño y generar inestabilidad”, aseguró el jerarca del OIJ.

En tanto a la maestra, apellidada Fernández, indicó que a ella se le tiene identificada por manifestar, amenazar y ser agresiva en redes sociales, sin participar en otros hechos.

Sin embargo, detalló que hay algunos vínculos de comunicación en un chat entre estas personas, el cual podría definir el tipo de contacto que tenían.

Asimismo, precisó que el avance de la investigación les permitirá definir roles, papeles y jerarquías de los detenidos.

Eduardo Trejos detalló que a Gutiérrez se le abrió un expediente básico por señalamiento de amenaza menor en redes sociales en el año 2015, pero hasta ahora es sujeto de investigación.

El director de la Policía Judicial también descartó una relación entre esta agrupación, que constantemente cambiaba de nombre, y el comando Frente Patriota 7 de julio.

Algunas de las denominaciones de la organización fueron Terroristas criollos, Terroristas Patriotas y Resistencia Costarricense.

El caso se mantiene en investigación bajo la causa 19-018537-042-PE.

Antecedentes

Los hechos que provocaron las detenciones ocurrieron el 26 de junio y el 27 de julio en la Asamblea Legislativa y en Televisora de Costa Rica (Teletica), respectivamente.

En el primero de los casos, los videos de seguridad permiten señalar que tres individuos colocaron, a eso de la 1:30 a. m. un artefacto explosivo en la ventana de la diputada Zoila Rosa Volio, del Partido Integración Nacional (PIN).

La bomba tipo molotov destruyó los cristales y provocó daños menores en el despacho. En aquel momento la legisladora aseguró que ya había recibido amenazas en al menos dos ocasiones, pero no se atrevió a vincularlas con el ataque. Tampoco lo descartó.

En el caso de Teletica, también se puede apreciar en los videos cuando tres sujetos colocaron un extintor lleno de pólvora negra cerca de un ventanal de la televisora.

Dicho artefacto fue detonado a las 11:30 p. m. cuando los sospechosos estaban a una distancia, de al menos 50 metros, según dijeron en aquel momento investigadores a La Nación.

Eso les permitió conocer en qué momento hacerlo explotar sin generar consecuencias graves, como lesiones o hasta la muerte de alguna persona.

Según los agentes judiciales, la intención de estos sujetos era la de lanzar una advertencia, no así perjudicar a alguien.

El artefacto lo fabricaron en un extintor de incendios vacío.

En Internet hay páginas que explican cómo fabricar bombas de ese tipo. Allí se especifica que se necesita el contenedor (el extintor), detonadores, pólvora, un temporizador analógico, una fuente de poder (baterías) y cables eléctricos.

Sin embargo, el recipiente utilizado en este caso solo tenía pólvora negra, que no es fácil de conseguir en el país, pues aquí no hay fábricas, pero la importan ilegalmente de otros países centroamericanos.

Producto de la explosión de aquel día se reventó un ventanal de Teletica, según confirmó el propio medio de comunicación en su página de Internet.

La situación generó repudio de varias personas, entre estas directores de medios y políticos.

Audios amenazantes

El mismo domingo en el que trascendió la explosión frente a Teletica se divulgaron en WhatsApp una serie de audios con amenazas de muerte contra el presidente Carlos Alvarado Quesada y ataques a medios de comunicación.

Por ejemplo, en el segundo audio se escucha a una voz femenina que asevera que hay que dispararle al Presidente. "Este hijue... hay que pegarle un balazo en la cabeza. Exactamente, por lo menos con un ojo morado lo hubieran mandado para Casa Presidencial”.

Desde aquel momento, la mujer se identificó como una maestra de quinto grado y con 22 años de experiencia en educación.

El 29 de julio, el Ministerio de Educación confirmó que la educadora fue reubicada en labores administrativas y, además, se le abrió una investigación interna.