Carlos Arguedas C.. 24 mayo, 2016

Una empresa que brinda servicios de seguridad, de las 500 que aparecen como morosas con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), afronta un proceso penal por el delito de fraude de simulación.

El hecho lo confirmó la Fiscalía Adjunta de Fraudes, que agregó que el caso se tramita en el expediente 13-899-612-PE.

Los hechos que se investigan se dieron entre los años 2004 y 2013, tienen relación con la empresa denominada Servicios de Investigaciones Puntarenenses y figuran como imputados una mujer de apellido Campos y un hombre de apellido Álvarez, comunicó la oficina de prensa del Ministerio Público.

Según las pesquisas, los socios de la firma, al tener una alta deuda con la Caja, al parecer, se encargaron de conformar otras sociedades, con la finalidad de seguir brindando el mismo servicio de seguridad presuntamente utilizando la misma planilla de personal.

La denuncia de este caso la planteó la CCSS por el delito de fraude de simulación (que es obtener un beneficio de forma indebida), pues consideró que la empresa fue evadiendo el pago de la responsabilidad social al trasladar la planilla a otras compañías.

Asimismo, la entidad aseguradora estimó que se le imposibilitó gestionar el cobro por la vía civil a la empresa, al no contar esta con bienes inscritos.

En octubre del 2014, agentes del OIJ y fiscales de Fraudes allanaron las oficinas de empresa en la Sabana, San José. | MAYRELA LÓPEZ / ARCHIVO LN
En octubre del 2014, agentes del OIJ y fiscales de Fraudes allanaron las oficinas de empresa en la Sabana, San José. | MAYRELA LÓPEZ / ARCHIVO LN

Rechaza cargos. El abogado Henry Vega Salazar, quien representa a los imputados , explicó que la compañía es un grupo de interés económico y que, por tanto, tiene varias sociedades.

“El error que cometen los funcionarios de la Caja es confundir deudas con fraudes, y en esto están muy equivocados. Así lo demostraremos en el proceso penal que tengo a mi cargo”, manifestó el jurista.

Para Vega, una de los errores en que incurrió la Caja es que están demandando a la firma tanto en el área penal como en la civil. “Utilizan la doble instancia para ver cuál pegan y eso es irregular”, advirtió el defensor.

Este caso está en proceso de investigación, que es la etapa de recolección y análisis de pruebas. Todavía no hay acusación.

En octubre del 2014, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y Fiscales de Fraudes habían allanado las oficinas de Servicios de Investigaciones Puntarenenses, que estaban ubicadas en La Sabana, San José.