Katherine Chaves R..   27 septiembre, 2017

Unas supuestas falsas incapacidades, que habrían presentado 31 oficiales de la Fuerza Pública, le costaron ¢8 millones al Ministerio de Seguridad Pública. Así lo confirmó la Fiscalía por medio de un correo electrónico.

Por esas acciones, el Ministerio Público los investiga por la aparente comisión de los delitos de falsedad idelológica y uso de documento falso. El caso se tramita bajo el expediente 17-000074-1292-PE.

Según denuncias de Seguridad en febrero, el departamento de Recursos Humanos detectó los casos luego de ver que varias boletas de incapacidades venían con una misma letra, giradas supuestamente por el Hospital San Vicente de Paúl, en Heredia.

Dichos documentos fueron presentados desde el 2016 y se desconoce cuáles enfermedades alegaban los funcionarios.

La semejanza que tenía la letra en la boleta de varias incapacidades, despertó las sospechas de las autoridades del Ministerio de Seguridad.

Proceso penal. La Fiscalía informó de que de los 31 oficiales investigados, 19 fueron indagados durante la mañana del martes, mientras que los otros no fueron entrevistados porque estaban fuera de San José, por lo que ese proceso se realizará en los próximos días.

Contra los efectivos que ya fueron sometidos, el Ministerio Público solicitó la medida cautelar de suspensión del cargo por lo que dure el proceso investigativo. Sin embargo, el Juzgado Penal de Hacienda rechazó la petición y ordenó que todos sean reubicados en delegaciones policiales distintas a las que laboran actualmente.

Se trata de los oficiales ​Davy Bennett, Cascante Rodríguez, Mora Lizano, Rojas Vargas (mujer), Loaiza Morales, Bello Álvarez, Loaiza Solano, Mora Artavia, Moya Varela (mujer), Masís Carrillo, Jarquín Piedra, Castro García, Flores Morales, Castro Rodríguez, Zúñiga Ortiz (mujer), Alvarado Solano, Azofeifa Vargas, Retana Mora y Ruiz Obando.

Los otros 12 imputados restantes aún no han sido indagados. Sin embargo, como ya no son funcionarios de Seguridad Pública, resulta improcedente solicitar contra ellos la misma medida. La Fiscalía señaló que continuarán ligados al proceso penal en libertad.

Los investigados son de apellidos Castro Ponce (mujer), Sanabria Fernández, Jiménez Arce, Puentes Puentes, Machado Picado, Leitón Herrera, Segura Arias, Mora Chaves, Jiménez Vargas, Calderón Ulloa, Brenes Céspedes y Salguera Chavarría.

Por su parte, Carlos Hidalgo, vocero de Seguridad, comentó que ellos fueron despedidos porque en el proceso administrativo encontraron "prueba fehaciente" que los responsabilizaba.

Se intentó conocer si la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) hará alguna investigación a lo interno para conocer si las boletas de incapacidades salieron del hospital, pero no se obtuvo respuesta al correo enviado a la oficina de prensa.