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Ante el peligro que representan los teléfonos celulares en manos de reclusos, la Asamblea Legislativa aprobó en primer debate, el 24 de mayo, un proyecto de ley que obliga a las operadoras telefónicas a impedir toda comunicación con esos aparatos desde los centros penitenciarios.
Dentro del sector de telecomunicaciones, sin embargo, existen dudas. Para la directora ejecutiva de la Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom), Ana Lucía Ramírez, la única solución sería frenar el ingreso de celulares a los centros.
No obstante, según el expediente 19.932, “los operadores de redes y proveedores de servicios de telecomunicaciones (tienen la obligación de) impedir la prestación de los servicios inalámbricos de telecomunicaciones disponibles al público al interior de los centros penitenciarios, incluyendo las unidades de atención integral, los centros penales juveniles y cualquier otro centro de atención institucional del Sistema Penitenciario Nacional”.
A continuación, un extracto de la entrevista:
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–¿Qué conocen y opinan del proyecto de ley que se tramita en el Congreso?
–El proyecto de ley impone una obligación a los operadores de telecomunicaciones, para que estos interrumpan toda comunicación en los centros penitenciarios. Además, les impone la obligación de que no haya afectación a los usuarios que están en las comunidades aledañas. Esto, tecnológicamente, es imposible de cumplir. Por una parte los ponemos a que den conexión y el bloqueo de señal significa desconectar las comunicaciones a través de las frecuencias móviles. Siempre que se haga un bloqueo de señal celular va a haber afectación o interferencia en un radio de los alrededores dado que hay muchos habitantes cerca de los centros penitenciarios. Estamos de acuerdo que hay una problemática que atacar. El Estado tiene la obligación de generar política pública en materia de seguridad y de atender esta problemática. Los operadores están en toda la disposición de colaborar. Sin necesidad de un proyecto de ley, hoy en día, los operadores ya colaboran con las autoridades. Estamos en la disposición de colaborar para generar soluciones integrales.
–¿Qué problemas le ven ustedes al proyecto?
–Para empezar, se pide una obligación de imposible cumplimento, la cual es realizar un bloqueo total, 100% de la señal celular, sin afectar a los usuarios. Esto, a nivel internacional, está comprobado que es imposible. Siempre va a haber un rango de afectación. Organizaciones internacionales, tal como la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (Asiet), ente que agrupa a las empresas de telecomunicaciones de América, así como la Groupe Spéciale Mobile Association (GSMA, por sus siglas en francés), organismo que reúne a todos los operadores móviles del mundo, son dos autoridades que han emitido criterios muy importantes y ahí consta como a nivel mundial se necesitan realizar acciones en conjunto con diferentes sectores para no afectar a la población. Los aportó el Instituto Costarricense de Electricidas (ICE), al dar su opinión sobre el proyecto y están en el expediente legislativo del proyecto de ley.
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–¿La ley, tal y cual está, es salvable o aplicable?
–Cómo está, hoy en día, no ofrece una solución que vaya a ser eficiente o eficaz. Se van a causar problemas en las comunidades aledañas, se va a causar inseguridad jurídica, dado que la ley no establece parámetros de coordinación. No establece cómo se van a hacer las intervenciones en los centros o bajo qué parámetros y en qué plazos. Circunstancias como la situación de cada centro, los ajustes que hay que hacer, posibles fallas. Nada de eso está previsto. El proyecto no prevé que todas estas situaciones se pueden dar y parte de la premisa de que van a seguir ingresando teléfonos entonces, el simple bloqueo no es garantía de que se va a atacar la problemática que nos aqueja.
–¿Se puede salvar por medio de un buen reglamento?
–La reglamentación excedería, por mucho, el ámbito de la ley, porque actualmente es tan escueta y tiene tantos vacíos técnicos y legales, que un reglamento, posiblemente, va a tener que desarrollar muchísimo la ley, y no va a contemplar todos estos aspectos que le estoy detallando que el proyecto no tiene.
–Eso lo entiendo, pero, el hecho que una ley sea escueta no impide que con una reglamentación adecuada se pueda poner en práctica, ¿o no?
–Existen casos de éxito, probablemente, con ciertos temas que se han tratado de esa forma. Nosotros abogamos porque las cosas se hagan bien. En este caso, pensamos que no saldría muy bien que, en una reglamentación, tengan que tomarse toda esta clase de decisiones. En otros países, ¿qué ha pasado con leyes similares como esta que se está proponiendo?, se han declarado inconstitucionales. Entonces, en otros países como Brasil, Colombia y en Guatemala se han presentado declaratorias de inconstitucionalidad, ya que se ha establecido que la ley es insuficiente y que no debe recaer en manos de los operadores el total desarrollo de la solución a este tema.
–¿A ustedes se les tomó en cuenta durante el desarrollo de este proyecto de ley?
–Desde que el proyecto fue presentado, la Cámara tuvo conocimiento y los operadores empezaron a hacer sus observaciones. Se han tenido acercamientos con los ministerios que han propuesto el proyecto, que son el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) y Ministerio de Justicia.
–¿Tienen alguna estimación de cuántas personas podrían verse afectadas de manera colateral?
–En cuanto a posibles afectaciones a la población es sumamente difícil tener un número por parte nuestra; ¿por qué?, porque hay muchísimos centros penales en el país y poblaciones aledañas. Habría que tomar en cuenta qué tanta gente vive en los alrededores, pero no solo esto, sino también qué tanta gente llega a laborar en los alrededores, ya que estamos hablando de residencias, comercios y de los transeúntes ¿quienes están en la comunidad en ese momento? Por eso, es muy difícil cuantificar.
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–¿No hay soluciones tecnológicas que se podrían utilizar para implementar la ley de forma eficaz o que garanticen el cumplimiento de las exigencias del proyecto de ley, tal cual está?
–No hay soluciones tecnológicas que brinden esa garantía, la solución tecnológica de bloqueo siempre va a acarrear interferencias en las zonas cercanas al centro penitenciarios, entonces hay soluciones de bloqueo de señal pero siempre va a haber una afectación o interferencia en alguna frecuencia cercana.
–¿Qué medidas podrían permitir reducir los efectos negativos colaterales para las comunidades aledañas ?
–Bueno, la búsqueda de soluciones integrales, que no solo contemplan un bloqueo sino un control de llamadas, una gestión del tráfico local del centro penitenciario que permita hacer labores de inteligencia, soluciones coordinadas que permitan hacer pruebas, que se permita hacer planes pilotos.
–¿Existe tecnología que pudiera contrarrestar los bloqueos?
–Lo desconozco. Lo que sí está documentado son las malas experiencias con el vandalismo ocurrido dentro de los centros penitenciarios. En otros países está documentado por la ASIET y la GSMA que uno de los problemas que se ha presentado con los aparatos bloqueadores es que hay vandalismo por parte de los mismo funcionarios y de los reclusos, que inclusive aprenden a desconectar los aparatos por ciertas horas. Existe vulnerabilidad. La única manera de garantizar al 100% de que no se hagan llamadas desde un centro penitenciario es que no hayan teléfonos celulares.
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–Usted menciona la posibilidad de que se puedan acceder a operadores internacionales que no estarían sujetos a esta ley.
Es que las telecomunicaciones, hoy en día, están hechas para eso, para acceder a la mayor cantidad de servicios y señales, entonces hay una gran oferta de señales que pueden interferir o que pueden ser alcanzadas por el dispositivo móvil. Además si tenemos un aparato que se puede conectar vía satelital no le va alcanzar este bloqueo de señal. También tenemos señales inalámbricas de otras frecuencias como el wifi y esas señales pueden ser captadas por un dispositivo móvil y lograr así conectarse.
–¿Hay casos de éxito donde los operadores sean completamente responsables de llevar a cabo la implementación?
–Siempre hay una coordinación con las autoridades. Puede ser que ellos realicen las acciones, pero no son los únicos encargados.
–¿Si continúa el ingreso de los celulares a los centros penitenciarios, sería este proyecto obsoleto?
–Claro que sí. Si se bloquea la señal y empieza a caminar la implementación del proyecto de ley, va a haber afectación y van a haber quejas de los usuarios y un malestar en la ciudadanía.
–¿Si la ley se aprobará, ustedes a lo interno han discutido la posibilidad de tomar medidas legales para frenar la implementación de esta ley?
No, no nosotros estaríamos atentos a lo que suceda. Estamos esperanzados en que el gobierno mejore el proyecto de ley para que sirva a nuestro país. Lo que puedo decir es que hay un total ánimo de colaboración para que el proyecto se mejore.
